Los saharauis ganan peso

El Plan de James Baker para el Sáhara Occidental, que tanto teme Rabat, no tiene visos de ser aplicado, pero, aun así, la clase dirigente marroquí se considera acosada por múltiples enemigos empeñados en arrebatarle la antigua colonia española. Su nerviosismo está a flor de piel. "Marruecos tiene una mentalidad de país sitiado como Israel", comenta un diplomático acreditado en Rabat.

El último revés diplomático lo padeció Marruecos a finales de junio cuando Kenia estableció relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD),

la entidad creada por el Frente Polisario a la que reconocen el grueso de los países de la Unión Africana. Rabat de inmediato llamó a consultas a su embajador en Nairobi.

El golpe fue duro, aunque no tanto como el sufrido en septiembre pasado, cuando Suráfrica, la mayor potencia del continente, también estableció relaciones con la RASD. Además, el presidente surafricano, Thabo Mbeki, al justificar su iniciativa, llegó a comparar la "ocupación" marroquí del territorio con la de Israel. Suráfrica se unió así a los más de 70 países que reconocen a la RASD.

Rabat atribuye tanta adversidad diplomática a la presión que ejerce una Argelia boyante. Gracias al elevado precio del petróleo, goza de las más altas reservas de divisas de su historia (41.000 millones de dólares), mientras Marruecos atraviesa una mala racha económica. La relación de Marruecos con su vecino oriental, que acoge en Tinduf al Frente Polisario, ha estado siempre plagada de tensiones excepto durante unas semanas de finales de marzo cuando el rey Mohamed VI hizo el esfuerzo de acudir a la cumbre árabe de Argel.

La tirantez bilateral fue en auge a partir del verano de 2004, tras la dimisión de Baker de su cargo de representante del secretario general de la ONU para el Sáhara. A este permanente cruce de declaraciones acusatorias se añaden provocaciones que desembocan, por ejemplo, en la cancelación de la cumbre, en mayo, de los países magrebíes o en la visita a Rabat del primer ministro argelino, Ahmed Ouyahia.

No transcurre una semana sin que se produzca un incidente. El último, el sábado 25 de junio, fue la expulsión de Argelia de cuatro periodistas marroquíes. El anterior tuvo lugar el 19 de mayo cuando, según la prensa de Casablanca, la Gendarmería argelina abrió fuego e hirió, del lado marroquí de la frontera, a un argelino residente en Marruecos. La frontera permanece cerrada desde hace 11 años.

Las manifestaciones independentistas de finales de mayo en El Aaiún y la retahíla de delegaciones españolas que han intentado, en vano, desembarcar en esa ciudad, acentúan el nerviosismo marroquí. Rabat deja incluso traslucir su disgusto con el Gobierno amigo de España. Le instó a poner fin al rosario de delegaciones y, a través de su agencia oficial de prensa, forzó un desmentido de París al ministro Miguel Ángel Moratinos.

Las severas condenas -oscilan entre 15 y 20 años- impuestas, el martes, por el tribunal de apelación de El Aaiún a tres saharauis por manifestarse en mayo son, probablemente, una ilustración más de la inquietud de las instituciones marroquíes. Las críticas vertidas por la prensa oficialista contra la agencia francesa AFP, que recoge la información que facilita el Polisario desde Argel sobre las protestas, son una prueba adicional de esa intranquilidad.

Los principales diarios marroquíes hacen llamamientos a cerrar filas ante un enemigo que intenta desestabilizar el reino al tiempo que acusan a Argel y, por supuesto, al Polisario de impulsar los disturbios de la capital del Sáhara. Los independentistas de El Aaiún aseguran que son espontáneos. Pequeñas o grandes, las protestas tienen ahora una repercusión sin precedentes porque, a través de los móviles y de Internet, el Polisario las airea en tiempo real mientras la burocracia marroquí tarda horas, a veces días, en dar su versión.

Aunque no sea Argelia la que instigue las manifestaciones, la estrategia de la tensión inspirada por el presidente Abdelaziz Buteflika busca, opinan fuentes diplomáticas, recordar a la ONU que persiste ese contencioso y colocarlo en la mesa del Consejo de Seguridad antes de que su país salga de ese órgano.