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La fiscalía investiga expedientes de presos etarras alumnos de la universidad vasca

La Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación para esclarecer posibles irregularidades en los estudios de presos de ETA en la Universidad del País Vasco durante los últimos 15 ó 20 años, mediante los que muchos han obtenido beneficios penitenciarios y han reducido el cumplimiento de sus condenas.

La Fiscalía General, que dispone de abundante documentación, ha designado a dos fiscales que están analizando los expedientes de numerosos presos etarras, en los que se sospecha que ha habido irregularidades. Estas podrían ir desde la matriculación sin cumplir los requisitos necesarios hasta la alteración de las actas de las notas pasando por otras anomalías, como la realización de exámenes mientras estaban huidos, la utilización de documentación con identidad falsa para matricularse o realizar la carrera, que sea un mismo profesor quien firma todas las actas o que la relación de convocatorias no sea consecutiva.

También está tratando de aclarar la Fiscalía el papel que ha podido jugar la UNED de Bergara en toda la organización y qué tipo de control ha ejercido sobre los estudios de los alumnos presos. El convenio entre la Universidad del País Vasco y el centro adscrito de la UNED de Bergara se firmó en 1993 con el objetivo de facilitar estudios a los presos.

La Fiscalía dispone de un listado de 47 reclusos de ETA, algunos de los cuales habrían redimido condena mediante la realización de estudios en la Universidad del País Vasco. Entre ellos se encuentran antiguos dirigentes de la banda y algunos de sus terroristas más sanguinarios: Ignacio Erro Zazu; Ignacio Aracama Mendia, Macario; Idoia López Riaño y Francisco Mujika Garmendia, Pakito. Los fiscales están ya analizando los expedientes de Ignacio de Juana Chaos, Antonio López Ruiz, Kubati; José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, y Ángel María Lete Achaniz, entre otros. Este último, fallecido en diciembre de 2002, en Cabo Verde, cursó dos carreras a pesar de encontrarse desde 1985 deportado en ese país. Ahora se investiga cómo le llegaban los materiales y cómo se pudo examinar.

Casos parecidos son los de Eugenio Etxebeste, Antxon, y Belén González Peñalva, quienes figuran como estudiantes de Ciencia Política y de Biología, respectivamente, mientras estaban deportados en República Dominicana. A estos etarras les llegaban los exámenes a través de una profesora de un centro universitario que no era el suyo, la Facultad de Ciencias, que se los devolvía a los profesores al cabo de unos meses.

Los fiscales también estudian las posibles irregularidades que pudiera haber en el expediente de Ignacio de Juana Chaos, en el que figura que se matriculó en la universidad mediante el acceso para mayores de 25 años, cuando era menor de esa edad en el momento de la prueba, y además no aparece su nombre en el acta de la citada convocatoria.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 4 de julio de 2005