El Gobierno pide al tripartito que no envíe el Estatuto al Congreso sin su acuerdo

El Gobierno de la nación considera que aún existen demasiadas discrepancias entre la Administración central y la Generalitat de Cataluña, así como entre los partidos catalanes, sobre el futuro Estatuto de Autonomía. Y ha advertido de que el Congreso rechazaría un texto con elementos inaceptables, como lo sería una fórmula de financiación específica. El Ejecutivo prefiere que el Estatuto llegue más tarde al Congreso pero sin suscitar objeciones. Para limar diferencias, el secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño, se reunió ayer con el consejero de Relaciones Institucionales de la Generalitat, Joan Saura, y con representantes del tripartito catalán.

Los representantes del tripartito recibieron ayer información precisa de la posición del Ejecutivo

"No importa que el proceso se demore si así se garantiza un mayor acuerdo", afirma Sevilla

El Gobierno central recuerda que no aceptará un Estatuto de Cataluña con sistema propio de financiación. También advierte de que las prisas para aprobar el Estatuto no son buenas cuando aún existen muchos puntos de desacuerdo entre los propios partidos catalanes y con la Administración central. Así lo ven el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y el secretario de Organización del PSOE, José Blanco.

La reforma del Estatuto de Cataluña entra en su momento crucial. La ponencia ha fijado un calendario para la reforma, que incluye la aprobación del texto por la comisión el próximo día 29, y por parte del pleno del Parlamento de Cataluña a mediados de septiembre, en coincidencia con la jornada de la Diada. Sin embargo, queda aún mucho trabajo de consenso porque prácticamente todos los artículos tienen enmiendas de unos u otros partidos.

Asimismo, se mantienen las diferencias sobre el borrador del Estatuto con la Administración central en puntos clave como la financiación autonómica; la aplicación en Cataluña del artículo 150.2 de la Constitución, que cede competencias exclusivas del Estado a las comunidades autónomas; la utilización de la reforma estatutaria para cambiar leyes orgánicas del Estado y el llamado "blindaje" de las competencias reconocidas a Cataluña en el Estatuto.

Para comenzar a limar estas diferencias, el secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes

Francisco Caamaño, se reunió ayer en Barcelona con el consejero de Relaciones Institucionales de la Generalitat, Joan Saura, y con representantes de los tres partidos representados en el Gobierno catalán. Esta reunión, la primera de un miembro del Ejecutivo y con dirigentes del tripartito, se celebró en la sede del Departamento de Relaciones Institucionales en Barcelona y contó con la participación de Miquel Iceta por parte del PSC; de Joan Ridao, de ERC, y Jaume Bosch, de ICV-EUiA.

Uno de los asistentes a la reunión, a la que inicialmente no se quiso dar ninguna publicidad, explicó a este diario que el encuentro no fue programado para llegar a "acuerdos concretos", pero sí para que el tripartito catalán conociera, en conjunto, "la posición del Ejecutivo central".

El Gobierno y el PSOE admiten que los partidos catalanes tienen "todo el derecho" a fijar autónomamente el calendario de la reforma estatutaria, así como sus contenidos. Pero no es menos cierto que son las Cortes las que deben decidir, en última instancia, su aprobación, añaden. De momento, el Gobierno catalán no tiene intención de cambiar el calendario, fijado con un amplio consenso, aseguraron ayer fuentes de la Presidencia.

Al Gobierno central le parece "complicado" que "lo que no ha conseguido acordarse en año y medio en Cataluña pueda lograrse en un solo mes". "Admito que es una competencia de los partidos catalanes. Pero no importa que el proceso de reforma del Estatuto se demore si con ello se garantiza un mayor acuerdo", señala Jordi Sevilla, al que también le parece "muy importante" que el PP catalán, representado por Josep Piqué, "entre en el acuerdo porque, de lo contrario, crearía un serio problema en las Cortes".

En todo caso, el proceso de tramitación de la reforma del Estatuto catalán en las Cortes Generales se alargará, tal y como acordaron la pasada semana el presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, el socialista Alfonso Guerra, y el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Joan Puigcercós. Pasará de los dos meses reglamentarios a tres. "De ese modo se garantiza su negociación parlamentaria", señala el ministro de Administraciones Públicas.

Uno de los problemas más serios que sigue planteando la reforma del Estatuto de Cataluña a la Administración central es la reclamación de un sistema propio de financiación, con capacidad de recaudación propia y que se plantea la cesión al Estado de un máximo del 50% de los impuestos recaudados. Esta posición, cuando la Generalitat la planteó hace dos meses, fue rechazada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el vicepresidente económico, Pedro Solbes, por afectar a la solidaridad interterritorial y quebrar el sistema fiscal.

El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, mantiene: "Una propuesta del Estatuto de Cataluña que llegue al Congreso con un sistema de financiación propio, tendría muchas dificultades para ser aprobada".

También está abierto el problema de la modificación de leyes orgánicas con la propuesta de reforma del Estatuto catalán. La actual propuesta de reforma afecta a cuatro leyes orgánicas: la del poder judicial, la del régimen electoral, la de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA).

En cuanto al uso del artículo 150.2 de la Constitución, el Gobierno también es reticente a su aplicación. Según el borrador de reforma del Estatuto catalán, se aplicará a la inmigración, a la gestión de infraestructuras -puertos y aeropuertos-, consultas populares sobre competencias de la Generalitat y al área audiovisual y de telecomunicaciones.