El Estatuto valenciano abre el debate sobre el modelo de Estado

Cuando la mayoría de las miradas estaban puestas en Cataluña, la Comunidad Valenciana se coló de rondón, y ahora va a abrir el debate sobre el modelo de Estado en el Congreso de los Diputados. Tras el rechazo del plan Ibarretxe, la reforma del Estatuto valenciano es la primera que llega al Congreso con garantías de ser aprobada y hoy será registrada, tras quedar ratificada por las Cortes Valencianas el pasado viernes. Desde 1998, cuando se tramitaron 11 reformas estatutarias, no se había registrado en el Congreso ninguna otra modificación estatutaria con posibilidades de éxito.

"Ahora no somos iguales que las denominadas comunidades históricas, somos pioneros en el proceso [de impulso autonómi-co] que se abrió el 14-M", asegura el secretario general del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE), Joan Ignasi Pla.

PP y PSOE temían que se les adelantaran los redactores del Estatuto catalán

Socialistas y populares han acordado la creación de un Servicio Tributario Valenciano

La reforma, que se debatirá en el Congreso en el próximo periodo de sesiones, equipara a la Comunidad Valenciana a las autonomías del artículo 151 de la Constitución en dos cuestiones básicas: otorga al presidente de la Generalitat la potestad de disolver el Parlamento para convocar elecciones y prevé que futuras reformas en el Estatuto tendrán que ser ratificadas mediante referéndum.

Además, el nuevo Estatuto prevé la creación de un Servicio Tributario Valenciano y de un Consell de la Justicia.

La necesidad de que exista un pacto de Estado previo para iniciar un nuevo proceso de descentralizaciones era una de las condiciones que compartían el PP y el PSOE. Fuentes del PP valenciano reconocen que Mariano Rajoy necesitaba abrir algún espacio de diálogo con el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero en un curso marcado por la confrontación política. Un curso que ha ofrecido una imagen de aislamiento del PP en el Congreso repetida con demasiada frecuencia. Además, Rajoy, que anunció al llegar a la presidencia del PP, que iba a apoyarse en los ayuntamientos y las comunidades autónomas para recuperar el Gobierno, no podía tampoco desairar a quien se ha convertido en uno de sus principales barones territoriales: el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

El líder del PP en la Comunidad Valenciana ha llegado a convertir en auténtica obsesión la necesidad de ser el primero en llevar la reforma estatutaria a Madrid. Camps logró a finales de octubre del año pasado la autorización de Rajoy para introducir en la reforma estatutaria la capacidad plena de disolución del Parlamento valenciano, lo que permite convocar elecciones con autonomía plena, tal y como hacen Galicia, Cataluña, Andalucía y el País Vasco.

Tras lograr lo que no había conseguido su antecesor, Eduardo Zaplana, Camps instó a los socialistas a cerrar un acuerdo para llevar el nuevo Estatuto a Madrid "antes de que se cerrase la ventana" y la política española impidiese el pacto. "Si el Estatuto catalán llega primero al Congreso, se complicará la situación y nos volveremos a quedar los últimos, como nos ha sucedido siempre", repetían en el entorno de Camps.

El líder del PP valenciano, influido además por las pugnas internas que mantiene con los seguidores de Zaplana, optó por meter presión. Así, la ponencia de las Cortes Valencianas para la reforma del Estatuto aceleró sus trabajos y presentó un singular informe en el que se recogían por igual los puntos de acuerdo entre los tres grupos parlamentarios -PP, PSPV y Esquerra Unida- y las divergencias.

En este ambiente, Camps se entrevistó con Rajoy en Madrid el pasado 4 de abril, mientras Zapatero y Pla mantenían en la sede del PSOE una conversación similar. En ambas se fijaron los límites de la reforma.

El PP señaló como requisitos irrenunciables que la reforma estuviese dentro de la Constitución, que contase con el doble consenso de los partidos mayoritarios en Valencia y en Madrid, y que no se modificase ninguna legislación básica del Estado.

Pla, con la indicación de Zapatero de que debía llegar a un acuerdo con el PP para desbloquear la reforma estatutaria aunque conllevara algún coste político, planteó como irrenunciables la inclusión de una agencia tributaria concertada y la creación de un Consejo de Justicia. Dos piezas fundamentales para dar un nuevo impulso al Estado autonómico y frenar las aspiraciones nacionalistas de establecer relaciones bilaterales con la Administración central en materias tan sensibles como la financiación y la justicia.

El 6 de abril, las Cortes Valencianas aprobaron la ponencia y la negociación pasó a los despachos de los portavoces parlamentarios: dos del PP, dos del PSPV y uno de EU que asumían la responsabilidad de presentar una nueva redacción del Estatuto. La dinámica negociadora entre el PP y el PSPV llevó a Esquerra Unida a verse desbordada en una negociación que terminó por abandonar.

Mientras, Camps seguía proponiendo fechas emblemáticas para aprobar la reforma y meter prisa. Primero, el 25 de abril, que conmemora la batalla de Almansa (1707), en la que los valencianos perdieron los fueros. Luego, el día de la Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia. Y, posteriormente, el 1 de julio, fecha en la que se aprobó el actual Estatuto hace 23 años, y que ha sido la definitiva.

Sin embargo, entre el 25 de abril y el 26 de mayo -fecha en la que se anunció el acuerdo entre el PP y el PSPV y se tramitó en las Cortes Valencianas- populares y socialistas han estado atenazados por el temor de quedarse cortos en la reforma y ser sobrepasados ampliamente por los catalanes.

Ese temor se ha resuelto de dos maneras diferentes, ambas reflejadas en el Estatuto valenciano. Camps optó por incluir una cláusula que lleva su nombre -aunque fue inspirada por la secretaria de Política Autonómica del PP, Soraya Sáenz de Santamaría- y que sufrió varias modificaciones hasta ser incluida como disposición adicional segunda. Esta cláusula, cuya viabilidad cuestionan expertos constitucionalistas, señala que cualquier competencia que el Estado otorgue a otra autonomía será de aplicación a la Comunidad Valenciana.

El socialista Pla, tras mantener una intensa ronda de contactos -que incluyó a Pasqual Maragall, Manuel Chaves, Alfredo Pérez Rubalcaba, Pedro Solbes y Jordi Sevilla, entre otros- se atrincheró tras la exigencia de la agencia tributaria y la inclusión de un artículo en el que se reclama que la población sea un criterio prioritario a la hora de fijar la financiación autonómica.