Solos ante el decreto antitabaco

Una mujer joven, entrada en los cuarenta, confiesa ante un modesto auditorio de apenas una docena de personas que el resto de su existencia va a ser insatisfactorio. La mujer dice que los mejores momentos de su vida han pasado ya, que es mejor morir más joven si a cambio puede disfrutar de unos años más fumando. La mujer tiene dudas: para ella, en esos momentos, la felicidad depende del tabaco. Sin tabaco sufre. Lleva dos meses sin fumar y a veces cree que no puede más. Enfrente suyo, un hombre cercano a los 60 años reconoce que ya no disfruta de las mañanas del sábado como antes, cuando acudía al despacho para adelantar trabajo sabiendo que podía encender un cigarrillo sin nadie que le molestara. Ese placer solitario ya no le pertenece.

España se incorporará a la vanguardia de los países sin humo. Pero ¿qué papel les tocará interpretar a los fumadores, víctimas y culpables al mismo tiempo?

"Ahora mismo no hay una sola unidad de tabaquismo propiamente dicha en la sanidad pública, con su autonomía de medios", dice José María Carreras

El hombre y la mujer son parte de una docena de ex fumadores que se cuentan sus penas en público. Es una sesión de terapia. La mayoría de ellos han elegido libremente dejar de fumar y someterse a un programa. Todos usan parches de nicotina. Casi todos mascan chicle. Viéndoles parecen autómatas. Se ven unos a otros como drogadictos en tratamiento. Esa es la realidad de su dependencia al tabaco, la misma que le hace a la mujer decir que no hay felicidad sin nicotina.

Cuando acaba la sesión, todos prometen públicamente no fumar en los próximos 15 días. Algunos de ellos lo están intentando por segunda vez. En este asunto, las estadísticas no engañan: entre un 15% y un 40% fracasará en su primer intento. Sin embargo, son unos privilegiados: tienen ayuda. Ahora mismo recibir una terapia en España dentro del sistema sanitario público significa entrar en una lista de espera. En unos meses, esa lista se hará todavía más difícil de gestionar y sobrepasará con facilidad el año en muchos lugares. Ese es el panorama que se cierne sobre los 14 millones de fumadores españoles, a partir del 1 de enero: fumar estará prohibido por ley, pero dejar de hacerlo será un verdadero problema por muchos motivos. El Estado sólo habrá cumplido la mitad de su trabajo.

Consejos y campañas

El cerco se cierra sobre los fumadores. A seis meses de la entrada en vigor de una ley que supone una restricción total al tabaco en centros de trabajo y locales públicos, las autoridades sanitarias apuran todo tipo de medidas preventivas, desde la realización de la penúltima campaña publicitaria a la edición de una guía para ayudar a los fumadores a tomar la decisión. Dentro de unos meses se pondrá en marcha un teléfono de ayuda. Los mensajes tratarán de infundir ánimos en el fumador, aunque hay que reconocer que los consejos no son a veces muy estimulantes. "No tenga en la nevera alimentos que le gusten demasiado", dice uno de tantos.

Todo este entramado legal y propagandístico se ha resuelto sin necesidad de negociación: la sociedad asume incondicionalmente que los días de la tolerancia al tabaco están contados. Los sindicatos aceptan las medidas sin rechistar, aunque en privado confiesen sus dudas sobre una imposición que deja al trabajador desamparado. Sólo queda la oposición marginal y estéril del sector tabaquero, que se da por sobreentendida.

Diríase que el escenario está preparado y los ciudadanos están avisados con suficiente antelación. Sobre el papel, España se incorporará a la vanguardia de los países sin humo. Pero, ¿qué papel les tocará interpretar en todo este asunto a los fumadores, víctimas y culpables al mismo tiempo? El fumador se encontrará solo en la mayoría de los casos, sin posibilidad de recibir ayuda. "Ahora mismo, no hay una sola unidad de tabaquismo propiamente dicha en la Sanidad pública española, con su autonomía de medios", dice José María Carreras, del hospital Carlos III de Madrid. Su afirmación la corrobora Maria Ángeles Planchuelo, presidenta de la Sociedad Española de Expertos en Tabaquismo.

En 1985, un 38% de los trabajadores norteamericanos sufrían algún tipo de restricción al tabaco en sus centros de trabajo. En 1993, el porcentaje llegaba al 82%. En 1990, un 36% de las empresas norteamericanas habían puesto en marcha entre sus empleados programas de ayuda para dejar de fumar; algunas de ellas habían impuesto incentivos tales como horas libres o días de vacaciones extra para quienes consiguieran abandonar el tabaco. La sociedad norteamericana tenía ese terreno adelantado antes de imponer una ley seca respecto al tabaco.

Sin planes ni ayudas

No es el caso de España: en el año 2005, no existen datos sobre estos pormenores y sí la sensación de que muchas empresas imponen la restricción total sin echar mano siquiera de un plan previo de ayuda como recomiendan los expertos. Al menos seis meses antes de la prohibición deberían establecerse planes de ayuda, hecho que no se produce en España salvo en contadas ocasiones.

Al fumador español se le van a plantear tres posibilidades si quiere dejar el cigarro. Una, incorporarse a un plan de ayuda en la empresa donde trabaja, si existe tal plan. Dos, acudir al mercado, donde le prometerán milagros de dudosa eficacia a un precio más o menos razonable. Y tres, ir al médico de cabecera.

Los expertos coinciden en afirmar que el camino recomendable es acudir a la asistencia primaria. "Lo ideal es que sea el médico de cabecera quien trate al fumador, pero hay dificultades de que eso sea así de forma inmediata por varios motivos: por falta de formación y por necesidad de dedicarle un tiempo, dado que se trata de un paciente que necesita una dedicación intensiva durante las primeras semanas de tratamiento", dice Planchuelo.

El 1 de enero de 2006 será una fecha histórica en la lucha contra el tabaquismo en España. Los planes están ultimados y la propaganda lista. El Estado quedará con la conciencia tranquila. Pero ¿y el fumador?