A favor de la ley

EN LAS DIFERENTES tradiciones de la cultura política española abundan ideas que nada tienen que ver con una concepción democrática de la ley. Desde el pasado autoritario de la derecha (y del nacionalismo español), la ley siempre ha sido un instrumento a usar discrecionalmente: el imperio les motiva más que la ley. La izquierda se ha despegado muy lentamente de las teorías que presentaban la ley como una simple expresión de la dominación de clase. Y ha tardado en reconocer que, a menudo, la ley es la mejor garantía frente al abuso de poder. La tradición católica siempre ha supeditado la ley a las exigencias del orden natural del mundo interpretado por la jerarquía eclesiástica, es decir, siempre ha pretendido que su ley sea la de todos. En la mentalidad de los nacionalismos periféricos, la ley es función de la pertenencia: de modo que la legalidad está siempre bajo sospecha porque es la legalidad del otro, lleva el sello de la opresión nacional. La sacralización del principio de autodeterminación tiene como objetivo este cuestionamiento permanente de la legalidad, como si estuviera en falta de legitimidad.

Con estos precedentes no deben sorprender las muestras de escaso apego a la legalidad vigente que vemos, a veces, en algunos dirigentes políticos, cuya obligación precisamente es hacer cumplir la ley y dar motivos para que se la respete. Al fin y al cabo, no hay democracia posible sin Estado de derecho. De modo que se asume casi como normal que el lehendakari Ibarretxe invite a una organización ilegal -Batasuna- a una mesa de partidos oficial para discutir sobre el futuro de Euskadi. O que algunos partidos catalanes consideren como algo secundario que la reforma del Estatuto esté o no dentro del marco constitucional. O que sistemáticamente se ponga en duda la ley, como hacen aquellos que piden su endurecimiento cada vez que un juez toma una decisión que no les gusta.

El respeto a la ley no es sólo cumplirla. Es también ajustarse a las atribuciones que cada instancia de poder tiene. Las sociedades evolucionan y las leyes deben adaptarse a las nuevas situaciones. No conviene olvidar nunca, sin embargo, el principio kantiano reescrito por Ralf Dahrendorf en estos términos: "Obra de tal modo que la máxima de tu acción pueda ser considerada el principio de una sociedad que aplica universalmente el derecho". Es ésta una recomendación necesaria para impedir la deriva autoritaria que se esconde detrás de la ideología de la seguridad que con tanto celo aplicó en sus años de gobierno el Partido Popular, siempre dispuesto a usar el miedo como argumento para restringir derechos.

Es cierto que vivimos tiempos en que el lema "libertad, igualdad, fraternidad" ha sido sustituido por "seguridad, prosperidad y, si queda tiempo, libertad". Pero los que entendemos que la ampliación de las libertades es el verdadero criterio de evaluación del progreso, nos negamos a aceptar estas tendencias reactivas como un destino. Y, en este sentido, el Gobierno de Zapatero lleva un buen saldo de leyes que dan más libertad a más ciudadanos. Sin ir más lejos, esta semana han coincidido en el Parlamento la nueva ley del divorcio y la de los matrimonios homosexuales.

A los Gobiernos corresponde la iniciativa de reformas legislativas, pero ello no les sitúa de antemano por encima de la ley. Hay que seguir sus procedimientos y respetar el marco que el sistema democrático establece. El Gobierno vasco puede trabajar -a través de sus representantes en el Parlamento- para que la ley cambie y Batasuna sea legal. Pero no puede tratarla como tal mientras no lo sea. El Gobierno catalán puede proponer al Parlamento español modificaciones de la Constitución o cambios en determinadas leyes orgánicas, pero no puede imponerlas de modo bilateral desde la redacción de un Estatuto. En democracia, las apelaciones a valores trascendentales predemocráticos -de la religión a la tierra- no excusan el cumplimiento de la ley.

Los gobernantes en Europa cada vez son más exigentes con formas de ilegalismo popular, que, en algunos casos, no son más que mecanismos de supervivencia, y, sin embargo, son mucho más tolerantes contra el ilegalismo de los poderosos. Y a veces cuentan con cierta complicidad de la opinión, más preocupada por el bolso robado en la calle que por multimillonarios abusos de poder. Equidad en el cumplimiento de las leyes. Siempre con una idea regulativa muy presente: no hay progreso sin libertad.