La salida de una juez del Supremo desata una lucha política en EE UU

La retirada de la magistrada del Tribunal Supremo Sandra Day O'Connor da la señal de partida de la nueva batalla ideológica y política en Washington. O'Connor, de 75 años y la primera mujer en el Supremo, fue nombrada por el presidente Ronald Reagan en 1981, y aunque su espacio de actuación ha sido conservador, su moderación le llevó a desempeñar el papel de árbitro entre las dos mitades del tribunal. Es muy probable que su sustitución arranque de nuevo chispas entre republicanos y demócratas.

La salida de O'Connor era esperable, pero el impacto fue enorme, porque se produjo en el marco de la ansiedad existente por la inminente retirada del presidente del Supremo, William Rehnquist, de 80 años y enfermo de cáncer. La de O'Connor es la primera vacante en 11 años, desde que Clinton nombró al liberal Stephen Breyer. Del equilibrio del tribunal dependen batallas culturales pendientes, desde una eventual modificación del derecho al aborto hasta las decisiones sobre los matrimonios gays. El territorio, por tanto, es explosivo, y cualquier bloqueo abrirá la guerra: los conservadores todavía no han superado el berrinche que les supuso el rechazo del ultraconservador Robert Bork en 1987. Además, el Senado estuvo a punto de entrar en una guerra sin precedentes en mayo, cuando el bloqueo de varios jueces federales propuestos por Bush hizo peligrar el filibusterismo, con el que la minoría puede paralizar leyes y nombramientos. Un frágil acuerdo alejó temporalmente la crisis.

En los últimos 36 años, cuatro presidentes, todos ellos republicanos, han nombrado a siete de los nueve magistrados del Supremo. La tentación de reemplazar a O'Connor por alguien menos moderado será casi irresistible para George W. Bush. Poniéndose el parche antes de la herida y anticipando fuertes batallas -como la que hay con John Bolton para la embajada en la ONU- Bush dijo ayer que seleccionará "a un magistrado del que EE UU se pueda sentir orgulloso", y pidió "un proceso digno" en el que haya imparcialidad y justicia en el tratamiento, el debate y la votación del nominado. Mensaje diáfano; sólo le faltó decir: "...y no como el que está teniendo Bolton". En representación de los temores demócratas, el senador Tedd Kenendy dijo: "Si el presidente abusa de su poder y nombra a alguien que amenace con disminuir los derechos y libertades de los estadounidenses, nos opondremos".

O'Connor, que dejó ayer una oleada de elogios desde todas las posiciones políticas, no dio las razones de su dimisión, pero se sabe que quiere atender a su marido, enfermo de Alzheimer. Cuando fue confirmada en 1981 -por unanimidad- dijo que le gustaría esta leyenda en su tumba: "Aquí yace una buena juez".

Sus decisiones trataron de encontrar un punto medio: fue partidaria de introducir leves modificaciones al derecho al aborto, pero defendió con firmeza Roe vs. Wade, la sentencia que lo legalizó en 1973; no le gusta que se extienda la discriminación positiva, pero ha defendido que se aplique "para garantizar la participación de todos los grupos étnicos en la vida del país"; admitió el derecho del Gobierno a adoptar políticas antiterroristas después del 11-S, pero votó con la mayoría que hace un año obligó a que los detenidos de Guantánamo accedan a los tribunales estadounidenses; ha sostenido la separación entre Iglesia y Estado, pero votó a favor de canalizar fondos públicos a través de grupos religiosos. En el fallo de 2000 que le dio la presidencia a Bush al interrumpir el recuento en Florida, O'Connor votó con la mayoría.

Entre los nombres que circulan como posibles sustitutos se encuentran varios jueces conservadores. Alberto Gonzales, desde hace seis meses responsable de Justicia, es otro de los candidatos -sería el primer magistrado hispano- pero hay liberales que no le perdonan su desprecio por la Convención de Ginebra sobre el trato a los prisioneros de guerra.

El Supremo funciona como órgano constitucional. Sus nueve miembros son propuestos por el presidente y confirmados por el Senado, pero el puesto es vitalicio. El tribunal tiene ahora un trío muy conservador -el presidente, William Rehnquist; Antonin Scalia, mencionado como su posible sustituto, y Clarence Thomas- y un cuarteto liberal: Paul Stevens, David Souter, Ruth Bader Ginsburg y Stephen Breyer. En medio, los dos conservadores moderados: Anthony Kennedy y O'Connor.