En el juicio se verá

"Alguno ha llorado". Los presuntos terroristas islamistas imputados por los atentados del 11-M, en los interrogatorios judiciales "no suelen contestar", pero hay quien solloza. Lo detalla la fiscal del caso, Olga Sánchez, que, de inmediato, precisa: "Es el efecto plañidera". Y añade: "A mí ni me miran, y el juez tiene que repetir mis preguntas. Nosotras [las mujeres] es como si no existiéramos, estamos anuladas en su sociedad y su cultura".

Los detalles personales y la apuesta por el Estado democrático ante el terrorismo islamista se evidenciaron en la mesa redonda que reunió en Palma a la fiscal del 11-M, al juez instructor, Juan del Olmo, y al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho. El dilatado foro público se celebró en la noche del jueves en una convocatoria de la Fundación La Caixa y de la fiscalía del Tribunal Superior de Baleares.

La fiscal, que analizó con extensión la simbología y la estrategia del terrorismo "global", reclamó al Gobierno "un control efectivo fronterizo de la inmigración ilegal". Resaltó que "muchos" de los 109 implicados en los sumarios "son marroquíes que llevaban años residiendo en España", y observó cómo el terrorismo fundamentalista "calaba" y se extendía por Internet, donde se daban "órdenes de cumplimiento tajante".

El juez postuló desde el Estado democrático una acción "anterior al delito". Y resaltó: "No estoy solicitando la aplicación de una justicia preventiva, sino la adecuación de los conceptos y los tipos penales a la necesidad social." Del Olmo se remitió a la legislación del siglo XIX, que enmarcó la conspiración para delinquir, la acción previa, en el génesis. El magistrado lamentó que los confidentes y su infiltración en las bandas tengan una "regulación inexistente" y que la protección de los "agentes policiales" emboscados "es absolutamente insuficiente".

El instructor de la Audiencia Nacional demandó "una tipificación oportuna" para luchar mejor contra el terrorismo porque en algunos conceptos la jurisprudencia en "su filosofía es plenamente inadecuada" y "no nos sirve". Como ejemplo citó la definición de banda armada. Más allá de los elementos de tipificación clásicos, "puede haber terrorismo sin el aludido uso de armas de fuego, subfusiles ni de explosivos".

Antonio Camacho, sin aludir a las tesis del magistrado, afirmó que "no se puede optar a la seguridad a cualquier precio" y concretó que el terrorismo no debe "disminuir ni erosionar el Estado democrático". El actual secretario de Estado y ex portavoz de la Unión de Fiscales Progresistas indicó que "los Gobiernos han de optar por la seguridad democrática, aquella que se proporciona a todos los ciudadanos sin ningún tipo de distinción y que garantiza la inviolabilidad de sus derechos". Camacho rechazó, sin especificar, las posiciones neoconservadoras que en nombre de la seguridad recortan los derechos y actúan vulnerando los derechos humanos.

Resaltó que "si se erosiona el Estado de derecho, los terroristas habrán ganado la batalla, porque su objetivo es desestructurar nuestra sociedad. Nuestra labor tiene que conseguir preservar la seguridad de los ciudadanos sin socavar sus derechos fundamentales".

La fiscal Olga Sánchez explicó el "choque de civilizaciones" y reseñó que el terrorismo islamista encuentra un caldo de cultivo en el desempleo, que lleva al fracaso de nuevas generaciones. Apuntó a la "hipertrofia juvenil" que padecen algunos países musulmanes. La cooperación internacional la citaron y reclamaron todos, ante la "guerra santa global" y un "enemigo que no sólo viene de fuera".

Ante determinadas críticas a su labor, Del Olmo respondió: "No me preocupa que a mí me censuren, es su derecho, no lo llevo como una cuestión personal. Y en el orden práctico, no escucho esa radio [por la Cope]". Antes lamentó que se dé "desinformación e intoxicación, e incluso que se generen expectativas absolutamente falsas". No quiso precisar el blanco, político o periodístico, de su alusión. "Se verá en el juicio; ahora se dicen muchas cosas", concluyó.