El BNG pide que se destine a Galicia el 8% del gasto estatal en infraestructuras

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) pretende que su pacto de Gobierno con el PSdeG incluya un compromiso para que se destine a Galicia el 8% de las inversiones estatales en infraestructuras. Esa cuota es superior a la que le correspondería a la comunidad autónoma por su número de habitantes (el 6,5% de España), pero los nacionalistas entienden que el Gobierno central está obligado a ese esfuerzo para compensar en la próxima década lo que consideran una "deuda histórica". El PSdeG, más que fijar cuotas de inversiones, propondrá buscar acuerdos sobre proyectos concretos.

Los líderes del PSdeG y del BNG mantendrán hoy la primera reunión para pactar el Gobierno

Tanto los socialistas como los nacionalistas están interesados en demostrar a la opinión pública sus buenas relaciones y su disposición al pacto. Hasta el punto de que los líderes del PSdeG, Emilio Pérez Touriño, y del BNG, Anxo Quintana, hablaron ayer por teléfono para mantener hoy la primera reunión pública entre ambos después de las elecciones. La cita no será realmente un encuentro negociador, sino más bien el modo de escenificar el inicio del complejo proceso para la formación del Gobierno. Ambos han anunciado que no harán declaraciones y se limitarán a difundir un comunicado conjunto para destacar sus coincidencias.

En el aspecto programático, dirigentes nacionalistas explicaron ayer su deseo de que el acuerdo para hacer presidente de la Xunta a Touriño comprometa también al conjunto del PSOE y al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. De ese modo, según el BNG, el Ejecutivo socialista reconocería que el Estado tiene una deuda con Galicia, relegada, en su opinión, en los planes de infraestructuras. Aunque Quintana ha cifrado en 21.000 millones de euros la cuantía de esa deuda, destacados dirigentes del BNG aseguraron que no se plantea ningún plazo para resarcirla y admitieron que ni siquiera serían suficientes los cuatro años de la legislatura que comenzará en breve. Los mismos portavoces informaron de que el asunto tampoco se planteará de modo expreso en las negociaciones.

El BNG sí tiene el propósito de arrancar el compromiso de que el Gobierno destinará a Galicia el 8% de su inversión en infraestructuras. Aunque el PSdeG, según fuentes de su dirección, es reacio a establecer cláusulas tan taxativas y rechaza el calificativo de "deuda histórica", destacados miembros de ambas formaciones coincidieron en que el terreno para el acuerdo ya está abonado. El pacto se asentaría sobre los criterios de una resolución conjunta de socialistas y nacionalistas aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado 17 de mayo, en el debate sobre el estado de la nación. Esa propuesta comprometía al Gobierno a un plan de infraestructuras que incluía, entre otras cosas, la construcción de diez líneas ferroviarias de alta velocidad y cinco grandes autovías hasta 2014.

Todos esos proyectos, como se hacía constar en la iniciativa, formaban parte del Plan Galicia, aprobado en 2003 por el Gobierno de José María Aznar, con un presupuesto de más de 12.000 millones de euros, para compensar a la comunidad autónoma por los daños de la catástrofe ecológica del Prestige. En los últimos meses, la Xunta de Manuel Fraga se había enfrentado con aspereza al Gobierno de Zapatero, al que acusaba de ralentizar los proyectos previstos en el plan. El ahora presidente en funciones de la Xunta llegó a pedir a los gallegos que se manifestasen para reclamar el cumplimiento de los compromisos y trató de que los nacionalistas se sumasen a un frente común con el PP.

Nacionalistas y socialistas tendrán que negociar también sobre la base de una mejora de la financiación de la sanidad gallega. Los dos están de acuerdo en que en la próxima Conferencia de Presidentes, a la que muy probablemente acudirá Touriño, Galicia debe exigir que se tenga en cuenta el criterio de la dispersión de su población y, muy especialmente, de su envejecimiento, el mayor de España.

El nuevo Estatuto no estará dentro de la negociación para formar Gobierno. Se dejará para más adelante, cuando se cree una ponencia específica en el Parlamento autonómico. La reforma estatutaria exigiría necesariamente el apoyo del PP. Al contrario que en el País Vasco, donde basta una mayoría simple, la modificación del Estatuto gallego requiere un apoyo de dos tercios de los diputados de la Cámara.

En cualquier caso, ni socialistas ni nacionalistas pronostican que la definición de Galicia en el nuevo Estatuto pueda convertirse en un problema insalvable. El BNG reclama que la comunidad sea definida como nación, y lo dice en la primera línea de su propuesta de nuevo Estatuto. Los socialistas también asumen esa definición. Pero será el PP quien pueda ejercer su derecho de veto, y por tanto también en eso los futuros gobernantes gallegos tendrán que llegar a un acuerdo con la oposición.

Quintana y Touriño quieren bajar el tono del debate sobre este asunto. "Galicia es sin duda una comunidad histórica, una nación histórica, tal como la define la Constitución", dijo Touriño ayer en TVE. "Compartimos con Cataluña y Euskadi esa aspiración nacional, esa identidad basada en una lengua, una tradición, una cultura y unos valores que permanentemente queremos desarrollar", insistió. Y subrayó que esa postura es compatible con la defensa de la "cohesión" de España.

Quintana también abundó en la idea de que el BNG no es independentista y que sólo pretende "que Galicia como nación participe dentro del Estado español".

Mientras se empieza a gestar el nuevo Gobierno, el PP se dispone a afrontar el debate interno sobre su futuro liderazgo. El presidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro, destacado miembro del sector ruralista, reclamó que "se ponga en marcha" el proceso para designar un sucesor de Fraga.