La Fiscalía imputa por homicidio imprudente al 'número dos' del área de Urbanismo de Granada

La Fiscalía de Granada ha pedido al titular del juzgado de Instrucción número 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco, la imputación del gerente de Urbanismo de la capital, Manuel Lorente, como presunto autor del homicidio imprudente de Guillermo Estalin, el ecuatoriano sin papeles que falleció en una demolición municipal el pasado 21 de diciembre, así como de un delito contra la seguridad en el trabajo. La fiscal del caso Gomérez considera que el número dos de la concejalía de Urbanismo conocía las irregularidades de la obra y la cadena de subcontratas anterior al derribo mortal.

En el escrito en el que solicita la imputación, la fiscal explica que Manuel Lorente (principal asesor del concejal de Urbanismo, Luis Gerardo García-Royo, PP) tenía asignada la labor del "control y vigilancia sobre la seguridad de los trabajadores en la obra de demolición" en la que falleció el trabajador ecuatoriano Guillermo Estalin. Según el documento, en la actuación de Lorente aparecen indicios de criminalidad en la perpetración de los delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad en el trabajo "dada la gravedad de las infracciones cometidas y el incumplimiento de las obligaciones legales esenciales"para este tipo de derribos.

Una de esas obligaciones consistía en exigir a la coordinadora de seguridad de la obra, María Paz García, -nombrada por el Ayuntamiento, pero a sueldo de la contratista municipal encargada de este tipo de trabajos, y también imputada- la redacción de un informe técnico previo para hacer frente a los riesgos que pudieran derivarse de la demolición.

La fiscal considera "particularmente grave" la inexistencia de un Plan de Seguridad que obliga a elaborar la ley y cuya responsable era la contratista municipal, Rehabilitaciones y Demoliciones Granada S.L. Esa empresa encargó los trabajos a otra (Construcciones Hermanos Rodríguez) que a su vez subcontrató con una tercera (Alsa S.L.) que finalmente ejecutó la obra. La coordinadora de seguridad debió aprobar ese plan al igual que el Ayuntamiento, por tratarse de un derribo promovido por él.

"Consta además en la causa las denuncias presentadas en el Ayuntamiento por particulares ante las circunstancias de falta de seguridad y peligro en que se estaba ejecutando el derribo", dice el escrito refiriéndose al propietario del inmueble adyacente que denunció días antes del accidente laboral que los bomberos tuvieron que apagar un fuego provocado por los obreros y que éstos dejaban caer escombros en la vía pública con el consiguiente peligro para los transeúntes.

La fiscal considera igualmente que Lorente supo de la cadena de subcontratas aunque la contratista municipal no se lo notificara. Conocía, según el documento, que "la demolición no la llevaba a cabo la empresa adjudicataria, así como la serie de subcontratas realizadas y todas las incidencias relativas a la obra", como demuestra el hecho de que todas las certificaciones de obra (los documentos emitidos por Urbanismo para que la contratista cobrara el encargo) estaban firmadas por él.

Falta de vigilancia

El actual gerente de Urbanismo (entonces coordinador general de Planificación Urbanística y Obras Municipales) omitió también su deber legal de vigilar que la coordinadora de seguridad, María Paz García, cumpliera efectivamente con sus funciones, "velando así por la aplicación de las medidas preventivas contenidas en el Plan de Seguridad" que, según el fiscal, nunca se redactó.

La imputación de Manuel Lorente se produce tras la declaración también como imputados del jefe de Urbanismo de la consejería, Jacobo de la Rosa, y del arquitecto técnico municipal, Jorge Moreno. El acto no implica la acusación directa por la Fiscalía, sino su citación para que declare con asistencia de un abogado ante la presencia de indicios razonables de su implicación en los delitos que se investigan en el proceso.