Los dos frentes del trasvase

La peor sequía en más de 60 años ha reabierto el debate del trasvase del Tajo al Segura. La polémica obra, terminada en 1979 y que ha servido para desarrollar económicamente Murcia y el sur de Alicante, pocas veces ha vivido en medio de tanta tensión política y territorial. El próximo viernes, el Consejo de Ministros decidirá si aprueba un nuevo trasvase. La decisión la tiene que tomar el Gobierno y no los técnicos, debido al mal estado de los embalses de cabecera.

Conforme se acerca la decisión, Castilla-La Mancha y Murcia recrudecen sus ataques mutuos. Los castellano-manchegos acusan a Murcia de malgastar el agua, de regar de más y de construir urbanizaciones y campos de golf a costa del desarrollo de Castilla-La Mancha. Los murcianos recalcan al Gobierno que necesitan el agua y que si no llega perderán miles de frutales y tardarán años en recuperarse. El Ejecutivo de Murcia, del PP, no pierde la ocasión en recordar al PSOE que derogó el trasvase del Ebro.

La diferencia con el del Ebro es que esta vez la posición sobre el trasvase no la fija el partido político, sino la región: los socialistas de Murcia aprobaron ayer una resolución en la que piden un envío de 120 hectómetros cúbicos (casi el doble de lo que ha apuntado el Ministerio de Medio Ambiente), y los populares de Castilla-La Mancha apoyan la reivindicación del presidente socialista, José María Barreda, de que sólo lleve agua para beber. La oposición al trasvase hundió a los socialistas de Murcia y no quieren repetir la experiencia. Las organizaciones agrarias, que en Castilla-La Mancha anuncian protestas si se aprueba un trasvase, en Murcia saldrán a la calle si no llega el agua. Lo mismo ocurre con los sindicatos y los empresarios.

El debate está tan politizado que la Comisión de Explotación del Trasvase se negó a proponer una cifra al Gobierno sobre la cantidad que sería recomendable trasvasar. Esta comisión, formada por técnicos del ministerio, es la que habitualmente propone los trasvases y sólo en casos de sequía los tiene que aprobar el Consejo de Ministros. La última vez que ocurrió esto fue en 1995 y los regantes de Murcia llegaron a intentar agredir al presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura.

En la campaña electoral de 2004, el actual presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, prometió en Murcia: "Ocho años después de Gobiernos del PP hay menos agua en Murcia; yo haré que Murcia tenga agua, sin engañar y sin dividir".