Los sindicatos que rechazaron el principio de acuerdo con Justicia convocan nuevas movilizaciones en julio
CSI-CSIF y SPJ-USO, los dos sindicatos con representación en la mesa negociadora que no firmaron el preacuerdo con la Consejería de Justicia el pasado martes, han convocado nuevas movilizaciones. En el caso de CSIF, mayoritaria en el sector, se ha presentado un preaviso a la Junta de paros parciales de 10.00 a 13.00, como los realizados hasta ahora, durante julio y septiembre. SPJ, tercer sindicato por representación, ha preavisado de paros en el mismo horario desde el 5 hasta el 20 de julio, con posibilidad de ampliarlos de forma sucesiva.
Estas convocatorias siguen a dos referéndum realizados ayer en las provincias de Málaga y Granada, en las que los funcionarios rechazaron por una inmensa mayoría el preacuerdo firmado el pasado martes por la Consejería con CC OO y UGT. Entre ambas provincias, votaron 1.442 trabajadores, un 21% de los 6.632 funcionarios del sector en Andalucía. El 82,5%, 1.190, votó en contra del texto, el 14,4%, 207, a favor, y el resto fueron votos nulos o en blanco, según datos facilitados por SPJ y CSIF. Dichas consultas fueron organizadas por los cuatro sindicatos.
Desde CC OO, el delegado sindical en Málaga Juan Sánchez destacó la "baja participación", cercana al 60% en la provincia.
Como ya hicieran en Sevilla, Córdoba y Granada, los afiliados de CSIF en Málaga, Cádiz, Huelva y Jaén también rechazaron el preacuerdo con el que la Consejería pretendía poner fin a un largo conflicto que ha provocado la suspensión de numerosos juicios, en el que los trabajadores reivindican la equiparación salarial y de derechos con el resto de funcionarios de la Junta. En Málaga, el rechazo ha sido superior al 91%, según José Luis Emaldia, responsable del sector en la provincia. Dicho sindicato había condicionado la firma del preacuerdo, que ha de ratificarse el lunes, a la opinión de sus afiliados.
El coordinador de SPJ en Andalucía, Jesús Postigo, hizo un llamamiento a la Junta a llegar a un acuerdo que respete "las peticiones reales de los funcionarios".
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