Demasiado humano

El portavoz de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Francisco José Alcaraz, negó al presidente del Gobierno el voto de confianza que le pidió para su política antiterrorista. En su encuentro del martes, Zapatero había aludido a la existencia de informaciones concretas procedentes de los servicios de inteligencia que avalarían su iniciativa de buscar un final dialogado de la violencia si se dieran determinadas condiciones. Esas informaciones no podrían ser reveladas sin riesgo, y de ahí la petición de confianza; Alcaraz no sólo se la negó, sino que a la salida repitió sus habituales censuras y descalificaciones sumarias, y añadió una amenaza bastante insólita: la de convocar nuevas movilizaciones si no se hacía caso a su exigencia de que no se cierre la comisión del 11-M.

La presencia pública de los colectivos de víctimas, y otras organizaciones cívicas nacidas contra el terrorismo, tiene sentido en la medida en que su actuación no se limite a reproducir las posiciones de los partidos políticos y, por el contrario, sean capaces de suscitar la identificación de personas con opciones ideológicas diferentes. Así había ocurrido con la AVT durante años, lo que le proporcionó un amplio respaldo social. Desde que Alcaraz es su portavoz, sin embargo, la discreción ha dejado paso a excesos retóricos que no favorecen esa identificación suprapartidaria.

De la descalificación caprichosa del comisionado para las víctimas, Gregorio Peces-Barba, cuya dimisión pide en cuanto tiene un micrófono delante, a los juicios despectivos hacia quienes no secundaron la manifestación del pasado día 4, Alcaraz ha actuado como un político de partido: mejor dicho, como portavoz de la fracción más sectaria del PP, y de quienes tienen por objetivo evitar cualquier acuerdo entre los dos principales partidos nacionales.

Que ya se permita amenazar con movilizaciones si se cierra la comisión parlamentaria del 11-M indica que ha perdido el sentido de la medida. El respeto que suscitan las víctimas no otorga una cualificación especial a sus opiniones políticas. Sería torpe que cualquier Gobierno, y más si está dispuesto a explorar vías de diálogo con los terroristas, no contase con las opiniones de los colectivos de víctimas. Pero eso no significa que éstas tengan un derecho de veto sobre la política antiterrorista. A veces da la impresión de que lo primero es atacar al Gobierno y lo de menos es el motivo.

Si Zapatero no se reúne con la AVT es acusado de "hacer oídos sordos" a las demandas de las víctimas; si anuncia que va a reunirse con ella, se trata de "un golpe de efecto para silenciar el éxito de la manifestación". Poco se contribuye así a la recuperación de la unidad de los dos grandes partidos contra el terrorismo, objetivo que los colectivos cívicos nacidos contra ETA siempre habían considerado deseable.