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Más de 7.000 enfermos se quedan sin ambulancia en la tercera jornada de huelga

El Gobierno regional no mediará mientras las dos partes mantengan "posturas de fuerza"Los pacientes de diálisis afectados por la huelga, "indignados" ante el "abandono"

Oriol Güell

La tercera jornada de huelga de ambulancias en la región se cerró anoche con el mismo resultado que las dos anteriores: 500 ambulancias en los garajes por el incumplimiento de los servicios mínimos y más de 7.000 enfermos en casa buscando un taxi o algún familiar que les lleve al hospital. La huelga, que sigue hoy y mañana y será indefinida a partir del próximo día 28, amenaza con radicalizarse: las negociaciones entre sindicatos y patronal siguen rotas y el Gobierno regional advirtió ayer de que no mediará mientras las dos partes mantengan "posturas de fuerza".

"Cada día que pasa la situación es un poco más tensa. La negativa de la patronal a negociar radicaliza a los piquetes, pero la asamblea de trabajadores está decidida a continuar la huelga hasta que haya un acuerdo", explicaron ayer fuentes sindicales.

Un portavoz de la patronal del sector, Ametra, que agrupa a 10 empresas, manifestó que "siempre" han estado "abiertas a negociar". "Nuestro principal problema son los piquetes violentos, que están impidiendo cumplir los servicios mínimos", añadió.

El intento de mediación realizado por la Dirección General de Trabajo no ha surtido efecto. "Trabajo nos exige parar la huelga para sentarnos a negociar. Llevamos meses negociando sin que Ametra acceda a nada. Es esto lo que nos ha llevado a la huelga y ahora no podemos aceptar esta imposición", afirman fuentes de UGT y CC OO, los sindicatos convocantes.

El director general de Trabajo de la Comunidad de Madrid, Javier Vallejo, aseguró ayer que su departamento no mediaría hasta que "no hubiera posturas de fuerza por ninguna de las partes" y se suspenda la huelga del sector. Los trabajadores dudan de la disposición de Ametra y se niegan a parar la huelga. "Vamos a hacerlo al revés. Primero negociamos y, si hay acuerdo, la desconvocamos", afirman los sindicatos.

La tensión en los piquetes empezó a aflorar ayer. Satsu-Móstoles, la unión de empresas que gestiona el concierto de transporte urgente, sacó en la mañana de ayer algunas ambulancias a la calle, pero la presión de los piquetes obligó a la empresa a encerrarlas en el garaje. Por la tarde, según fuentes de Ametra, algunos vehículos pudieron volver a circular.

Servicios no realizados

Según los sindicatos, los servicios no realizados fueron suplidos por vehículos del Servicio de Urgencias Médicas de Madrid (Summa), de la Consejería de Sanidad. Pedro Martínez Tenorio, gerente del Summa, explicó que los vehículos de este servicio habían asumido "sin incidentes ni retrasos" las urgencias no atendidas por Satsu-Móstoles. El Summa, al igual que el Samur, del Ayuntamiento de Madrid, no se está viendo afectado por la huelga porque sus trabajadores son funcionarios públicos.

La huelga afecta al sector privado de ambulancias y transporte sanitario, que tiene en la región unos 950 empleados y 500 vehículos. El 85% de ellos, sin embargo, trabaja para la sanidad mediante concierto con la consejería.

Cada día de huelga, más de 7.000 servicios quedan sin realizar. Estos servicios son, entre otros, traslado a los hospitales y regreso al domicilio de enfermos de diálisis, cáncer o rehabilitación; traslado a casa de pacientes que reciben el alta hospitalaria; y atención urgente a enfermos para su traslado.

"¿Quién va a parar esto?"

Han bastado tres días de huelga para que los pacientes empezasen a mostrar su indignación por la situación que sufren. "¿Quién va a parar esto?", "¿cuándo nos van a decir la verdad?", "¿quién me va a pagar los 100 euros que ya me he gastado en taxis?", "¿cómo puede Sanidad dejarnos así?".

Preguntas y más preguntas que se hacían a las cuatro de la tarde de ayer media docena de pacientes que acuden a la clínica concertada Santa Elena, junto a la Ciudad Universitaria, tres días por semana para someterse a las sesiones de diálisis que necesitan para seguir viviendo. Son habitantes de Getafe, Parla y otros municipios del sur a los que el hospital de Getafe no puede atender por falta de capacidad. "Ésta ya es gorda. Más de dos años viniendo aquí porque en Getafe no cabemos todos", se queja Ángel Córdoba, de 83 años.

"Esta huelga es una enorme vergüenza", añade Marceliano Hernández, de 79. "El primer día [el pasado jueves], las teles y las radios mentían. Decían que los enfermos de diálisis teníamos servicios mínimos, que funcionaban con normalidad. Yo estuve más de tres horas al teléfono hasta que la coordinadora de ambulancias me admitió que todo era mentira, que no teníamos ninguna alternativa y que nos buscáramos la vida como pudiéramos", afirma María Luisa Mohillo.

Su madre, Benedicta Parras, de 72 años, es diabética, está casi ciega, es obesa, apenas puede andar, y tras cuatro horas enganchada a la máquina de diálisis, necesitó ayer 10 minutos para introducirse con gesto de dolor en el coche del yerno de una compañera de diálisis. "Mírala, si no puede. ¡Qué vergüenza! Si es que después del mal cuerpo que te deja la diálisis, sólo nos falta esto", exclama Tecla Muñoz, la suegra de Luis Moraleda, el improvisado chófer. "Suerte que le tenemos a él, porque si no, cuéntame cómo llego a Parla. Esta mañana ya me he gastado 35 euros", afirma Marceliano Álvarez.

Así van pasando los días de huelga los enfermos de diálisis. Llamándose unos a otros para atrapar a algún yerno, sobrino, hijo o nieto, hombre o mujer, que pueda escaparse un rato del trabajo. La única alternativa es el taxi. Más de treinta euros por trayecto desde Parla, un poco menos desde Getafe.

Los pacientes, en general, admiten que el primer día se sintieron molestos con los trabajadores en huelga. Aunque alguno los defiende. "Yo los entiendo. Si ganan 850 euros... Les vemos todos los días y nos ayudan mucho", explica María Luisa Mohillo. "Sí, pero así no pueden dejarnos tirados", replica otro.

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Sobre la firma

Oriol Güell
Redactor de temas sanitarios, área a la que ha dedicado la mitad de los más de 20 años que lleva en EL PAÍS. También ha formado parte del equipo de investigación del diario y escribió con Luís Montes el libro ‘El caso Leganés’. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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