Un empresario denuncia que pagó a Fabra 180.000 euros en dos bolsas

El empresario Vicente Vilar asegura que el 29 de julio de 1999 pagó 180.000 euros al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra (PP), cuya esposa se llevó el dinero en dos bolsas. Al día siguiente, Fabra hizo 11 ingresos en varias cuentas por 53.000 euros e inició una serie de imposiciones que no ha sabido justificar ante la Agencia Tributaria. El empresario que le denunció por cobrarle a cambio de sus influencias añade que el 17 de septiembre de 1999 le pagó 150.000 euros, que coinciden con otros ingresos de Fabra sin justificar.

El empresario Vicente Vilar, que presentó las denuncias contra el presidente del PP y de la Diputación en Castellón por supuesto tráfico de influencias, asegura que existe coincidencia entre las fechas en que pagó a Carlos Fabra 330.000 euros en 1999 "por sus servicios" y muchos de los ingresos bancarios efectuados por el mandatario provincial, considerados injustificados por la Agencia Tributaria. Los inspectores de Hacienda han presentado una denuncia por supuesto delito fiscal contra el dirigente político castellonense de 150.000 euros por estos hechos. La denuncia ha sido admitida por el Juzgado número 1 de Nules.

Fabra se reunió en Madrid con el entonces ministro de Agricultura, Jesús Posada, el 12 de julio de 1999 y según los documentos oficiales de aquel cónclave, en contra de lo que más tarde aseguraría en los juzgados, el presidente de la Diputación castellonense mostró interés por el retraso en la aprobación de los productos fitosanitarios de Naranjax, la empresa de Vilar, y en particular por la situación del pesticida Abac. El entonces director general de Agricultura, Rafael Milán, comunicó en aquella reunión que el Abac, que acabaría por convertirse en el producto estrella de la empresa y que sería comercializado con éxito por Artemis 2000, la firma a nombre de las esposas de Fabra y Vilar, sería aprobado dos días después por la Comisión de Evaluación, integrada por los ministerios de Agricultura y Sanidad, y "a continuación" el resto de sus fitosanitarios. Unos días más tarde, según Vilar, el presidente de la Diputación reclamó el pago por las gestiones realizadas. Vilar afirma que el 26 de julio de 1999, Fabra le comunicó "que había cumplido con su trabajo" y tenía que pagarle "180.000 euros por la aprobación del Abac" y por las negociaciones llevadas a cabo. El empresario asegura que "otra firma" le prestó 108.000 euros, sacó 48.000 de Naranjax, "tal y como reflejan los libros", y consiguió "otros 24.000" de la cuenta que tenía a medias con su mujer. Vilar dice que una vez reunido el dinero, Fabra envió a su esposa, María Amparo Fernández, "sobre la una y media de la tarde del jueves 29 de julio", y "se lo llevó en dos bolsas de Carrefour"

Un día después del supuesto pago, el viernes 30 de julio, según la denuncia de la Agencia Tributaria, Fabra realizó 11 ingresos en efectivo en varias de sus cuentas en el BSCH, Caixa Cataluña, Bancaja y Caja Madrid, por un importe total de 53.000 euros.

El lunes 2 de agosto de 1999, Fabra realizó siete ingresos fraccionados más de unos 30.000 euros en total, y los 10 días siguientes hay constatadas nuevas entradas en efectivo en sus cuentas hasta superar los 116.000 euros.

Vilar afirma que el segundo pago, de 150.000 euros, "para que el presidente siguiera realizando gestiones", se llevó a cabo el viernes 17 de septiembre de 1999. Según la denuncia de la Agencia Tributaria, el lunes 20, Fabra efectuó siete ingresos en efectivo cuya procedencia no ha justificado en sus cuentas del BSCH, Caixa Galicia, La Caixa y BBVA por 24.700 euros, y en los 30 días siguientes llegó a ingresar casi 111.000 euros más, casi siempre de forma fraccionada y con cantidades que no superaron los 5.400 euros cada una.

Por otra parte, la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial archivó ayer la queja presentada el pasado mes de mayo por Carlos Fabra contra los tres magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón, que habían desestimado el recurso de éste para que cinco medios de comunicación, entre ellos EL PAÍS, dejasen de informar sobre el caso Fabra. El presidente de la Diputación presentó la queja alegando que la resolución de la Audiencia "atentaba gravemente contra su dignidad y vulneraba el principio de presunción de inocencia". La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, por unanimidad de sus miembros, aplaude el auto de la Audiencia y entiende que en él "no existe ninguna expresión ofensiva o irrespetuosa para el señor Fabra".

Además de la queja ante el Consejo General del Poder Judicial, Fabra ha recusado en dos ocasiones a dos de los tres magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón; una sala en la que han recaído los recursos presentados por el líder del PP de Castellón contra sentencias que han desestimado en primera instancia sus querellas contra los medios de comunicación. La primera de las recusaciones ya ha sido desestimada por la Sala Especial del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y la segunda está aún pendiente de resolución.