La Generalitat expedienta a 56 de los 58 bancos y cajas en Cataluña

La Agencia Catalana del Consumo (ACC), que depende de la Generalitat, ha abierto expediente sancionador a 56 de los 58 bancos, cajas y entidades de crédito al consumo que operan en Cataluña -radicados o no en la comunidad- por cometer varias infracciones. Las más comunes son la incorporación de cláusulas abusivas en los contratos, la falta de hojas de reclamación, el incumplimiento de la Ley de Política Lingüística -exige que toda la documentación esté en catalán y castellano- y la famosa letra pequeña: la redacción de partes de los contratos con una letra de tamaño inferior a 1,5 milímetros, el mínimo que fija la normativa catalana.

El director de la ACC, Enric Aloy, explicó que la Generalitat ha abierto 80 expedientes a todas las entidades -salvo a dos- tras finalizar una campaña de oficio por la que se han inspeccionado al menos dos oficinas de cada grupo bancario. En total se han realizado 209 inspecciones, en las que se han detectado 582 infracciones.

La infracción más común ha sido la presencia de cláusulas abusivas en los contratos entre las entidades y los consumidores. De los 58 bancos y cajas, 47 aplican algún tipo de cláusula ilegal. Como ejemplos de abusos contractuales, Aloy citó la cancelación unilateral de la tarjeta de crédito en caso de impago; la exigencia de que en caso de litigio el usuario asuma siempre los costes del proceso, y la modificación de las condiciones del contrato sin dar derecho al consumidor a darse de baja del servicio.

Un total de 44 entidades utilizan la letra pequeña en sus contratos -con un cuerpo inferior a 1,5 milímetros-, el mismo número que incumple algún aspecto de la Ley de Política Lingüística. Una treintena de bancos o cajas no tienen hojas de reclamación a disposición de los consumidores, según los resultados de la inspección, mientras que 21 entidades dispensan una información deficiente sobre las comisiones y el coste de las operaciones.

El consejero de Comercio, Josep Huguet, explicó que casi todas las entidades han mostrado un interés "inmediato en solucionar las irregularidades", por lo que los expedientes pueden resolverse con una sanción por falta leve.