El uso de las cámaras de vigilancia en los institutos abre un debate sobre su regulación

La presencia de videocámaras de vigilancia en algunos institutos de enseñanza pública abre un nuevo debate. Como gárgolas posmodernas, otean no sólo los patios de recreo, sino también el interior de los pasillos. Esta medida despierta el recelo de algunos, y levanta dudas acerca de su legalidad en otros. En suma, su existencia destapa nuevas reflexiones sobre los límites de los centros para conciliar sus fines educativos, con la seguridad.

El IES La Paz, en el granadino barrio de Almanjáyar es un ejemplo paradigmático de centro que opta por la instalación de cámaras para frenar la violencia que se respira. La Paz es el instituto de Secundaria con más cámaras de seguridad de la provincia y, probablemente, de toda la comunidad autónoma. Un total de 16 repartidas por diferentes puntos de su perímetro y de los pasillos, que ofrecen una nítida imagen a color de todo lo que sucede en el centro escolar. A esas imágenes sólo tienen acceso en sus monitores, por medio de una intranet, el conserje de turno y el director del centro.

El hecho de que existan cámaras en los pasillos llama la atención al Defensor del Menor Andaluz, José Chamizo: "Hemos recomendado su instalación en el exterior siempre que esté justificado, para controlar el vandalismo. Pero muy distinto es ponerlas dentro. Dudo de su legalidad y creo que debería pronunciarse la Comisión de Videovigilancia de Andalucía [que regula el uso de cámaras de vigilancia en lugares públicos]. Jesús García Calderón, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y miembro de la citada comisión declara que este organismo no ha recibido "ninguna petición para discutir el particular". La actual ley de videovigilancia regula su utilización por la policía en lugares públicos.

"Debe haber un control específico, porque si no, podemos terminar como en EE UU, con sensores de metales en las entradas", alerta Chamizo. También UGT y la Confederación de Andaluza de Padres de Alumnos (Codapa) piden un control de este fenómeno: "Queremos un plan integral de control que ponga en común las posturas de toda la comunidad educativa", afirma María José Carrero, secretaria de Enseñanza de UGT en Andalucía.

Las competencias para la instalación de cámaras dependen únicamente de los consejos escolares de los centros, que usan su partidas de libre disposición para pagar instalaciones "de entre 1.800 y 3.000 euros, de 5 a 9 cámaras", según la empresa de seguridad, Prevent Security System. Prevent reconoce haber instalado sistemas en dos centros de Sevilla y haber recibido peticiones de otras provincias. La Consejería de Educación no tiene registrados cuántos centros cuentan con cámaras.

El IES granadino de La Paz tienen unos 140 alumnos y sólo tres de ellos han seguido con sus estudios después del periodo obligatorio. "El Consejo Escolar decidió poner cámaras ante el elevado gasto que causaban los constantes destrozos", afirma Rafael de la Rosa, un director que eligió voluntariamente trabajar en este barrio marginal. El centro también ha contratado a un guardia de seguridad. Jorge es uno de los tres alumnos de La Paz que quiere terminar Secundaria. Opina que la existencia de cámaras de seguridad es positiva porque sirven para "evitar peleas". Sin embargo, todas las voces consultadas dejan claro que las cámaras nos son una herramienta válida para solucionar problemas de convivencia.

El gasto económico también es una de las razones esgrimidas por el director del IES Beatriz de Suabia de Sevilla, Antonio Rodríguez. Su centro, de 1.200 alumnos, ha colocado ocho cámaras en los dos edificios con los que cuenta en pleno barrio de Nervión, de clase media y muy distinto al granadino de Almanjáyar. Su director explica que la medida se tomó para controlar situaciones de riesgo, como los incendios. "Además vimos que servía para prevenir pequeños vandalismos, como las pintadas en los pasillos, por cuyos arreglos, anualmente gastábamos mucho dinero".

En Granada, al menos otros dos institutos tienen cámaras de seguridad en sus pasillos. El Ángel Ganivet, en pleno centro de la capital, y el Virgen de las Nieves. Además, el Francisco Ayala contrató seguridad privada este curso para "evitar los novillos indiscriminados". En Sevilla, según informa el Correo de Andalucía, al menos otros 17 institutos públicos, tienen cámaras de seguridad.