En defensa del derecho de asilo y refugio

Hoy se celebra el Día Internacional del Refugiado. Defender el derecho de asilo es hoy una exigencia ética, de primer orden, en las democracias avanzadas. El derecho de asilo, consagrado en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, regulado en la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967, amparado en la Constitución de 1978 y desplegado, en el caso de España, en leyes aprobadas en 1984 y 1995, ha vivido en toda Europa desde la caída del Muro de Berlín un lento, pero inexorable deterioro. En nombre de la contención de los flujos migratorios, la lucha contra la inmigración irregular y la erradicación del abuso en la utilización de las previsiones consideradas en la Convención de Ginebra, los Gobiernos europeos han impulsado modificaciones legales y han aplicado políticas concretas orientadas, fundamentalmente, a limitar la protección de las personas que reclaman ver reconocida su condición de asilado y refugiado.

Es necesario un asilo común que no condene a los refugiados a malvivir, ni a las víctimas de dictaduras a no tener esperanza

No vamos a negar, a estas alturas, las dificultades y los problemas vinculados al manejo de los flujos migratorios en todo el espacio europeo; ni tampoco podemos reconocer que, en determinados países de la Unión Europea, la ausencia de canales legales de acceso a los mercados de trabajo para las personas inmigrantes determinó que fuese la vía del asilo y el refugio el principal cauce de llegada, para miles de personas desesperanzadas de África, Asia, América Latina o de los antiguos territorios soviéticos, a la Europa democrática y rica, en búsqueda de futuro. De ahí, a convertir a cientos de refugiados políticos, a cientos de desplazados forzosos, a cientos de víctimas de las guerras, a cientos de personas que han visto gravemente violados sus derechos más básicos, en parias, ha pasado un instante, un instante que choca frontalmente con los valores más fundamentales de nuestras democracias. Ya no se trata sólo de recordar, en nuestro caso, la importancia que tuvo para todos los antifranquistas la existencia del derecho del asilo, o la capacidad de acogida de los países de la América Latina para los republicanos que huyeron de Cataluña, con la entrada de Franco en nuestro país, o la ocupación nazi de Francia, ni tampoco tener presente el papel que tuvo el derecho de asilo para proteger a las víctimas del horror comunista que vivían detrás del telón de acero; se trata, sobre todo, de hacer creíbles y reales los valores en los que se fundamenta nuestra vida colectiva y que sitúan el reconocimiento de la dignidad a todas las personas, en el centro de nuestro quehacer en común.

En noviembre de 1980, un grupo de catalanes comprometidos con los derechos humanos, bajo el liderazgo del senador Felipe Solé i Sabarís, pusieron en marcha la Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda als Refugiats (ACSAR), como instrumento de la sociedad civil para activar voluntades y recursos para hacer real la acogida aquellos que huían de las dictaduras, la guerra y el genocidio. En estos últimos meses, ACSAR está viviendo un nuevo impulso, un nuevo impulso que pretende sensibilizar a la sociedad catalana sobre la situación del refugio y el asilo en el mundo, defender la aplicación estricta de la Convención de Ginebra y movilizar recursos en la acogida y la integración de las personas refugiadas.

Las políticas de contención de la Unión Europea en el ámbito del refugio han tenido su impacto y así en los últimos 10 años el número de solicitudes de asilo ha descendido en un 10%. En el año 2004 se ha alcanzado el numero más bajo de reconocimientos de refugio desde el año 1988 y en España, la disminución ha sido del 9%, llegándose a una cifra de solicitudes de poco más de 5.000 personas. Mantener aún el discurso sobre el abuso del derecho de asilo es ya excesivo.

Mientras tanto en Chechenia, en Colombia, en Cuba, en China, en tantos países de África y de Oriente Medio, los derechos humanos continúan siendo violados, las detenciones son arbitrarias, las ejecuciones se mantienen, las torturas son sistemáticas y mujeres y niños se han convertido en uno de los principales grupos de riesgo. Todo ello configura una realidad en la que la indiferencia no es aceptable. Europa debe asumir sus compromisos, sin miedos y con sentido de la justicia, haciendo honor a sus valores. Y debe hacerlo de manera compartida.

Efectivamente, la Unión Europea debe avanzar hacia un sistema de asilo común, mejor gestionado, realmente accesible, más equitativo, que no condene a los refugiados a malvivir en fronteras recónditas, ni a las víctimas de las dictaduras a quedarse sin esperanza.

Nuestro compromiso debe ser claro y transparente, porque como afirmó Einstein la vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal sino por las se sientan a ver lo que pasa.

Carles Campuzano Canadés es diputado en el Congreso y miembro de la Fundación ACSAR.