Estremera recibirá 240.000 euros a cuenta de una futura central térmica

El Ayuntamiento de Estremera, gobernado por el PP, ha ampliado el convenio suscrito en septiembre de 2004 con la compañía Endesa para instalar una central térmica de ciclo combinado en el municipio. En el anterior convenio, firmado en septiembre de 2004, Endesa pagaría al Ayuntamiento 6.000 euros como pago por reserva de suelo. En el nuevo, la cifra aumenta considerablemente y Endesa tendrá que abonar 240.000 euros.

La ampliación estipula que ambas partes, "de mutuo acuerdo", han decidido anticipar "parte del importe correspondiente a las tasas e impuestos para la obtención de las licencias municipales preceptivas para la construcción y explotación de la central". El Ayuntamiento de Estremera recibirá los primeros 120.000 euros cuando la corporación municipal apruebe la modificación puntual de las normas subsidiarias, "necesarias para la compatibilidad del proyecto de la central con el planeamiento urbanístico del pueblo", estipula el documento. "Más otros 120.000 euros cuando se haya obtenido la aprobación definitiva de tales normas subsidiarias", agrega.

En total, 240.000 euros que serán devengados del montante de impuestos que Endesa debe abonar al Ayuntamiento por los permisos necesarios para que la central esté operativa.

Los ecologistas sostienen que este tipo de pagos anticipados "por un concepto que aún no existe" son ilegales. El pasado jueves, la asociación Ecologistas en Acción presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja por este motivo. Según los ecologistas, "el ingreso de cantidades por concepto de licencias municipales e impuestos que no existen y que nunca han sido devengados es el subterfugio legal para justificar la entrada de enormes cantidades de dinero destinadas a "comprar el apoyo de la corporación municipal al proyecto".

Los Ayuntamientos tienen que participar legalmente en la tramitación de los expedientes administrativos de autorización de la central térmica. Los ecologistas consideran que estas prácticas podrían ser constitutivas de varios delitos de prevaricación del artículo 404, de cohecho del artículo 419 y de malversación del artículo 432 del Código Penal. Por eso, Ecologistas en Acción solicita a la Fiscalía Anticorrupción el esclarecimiento de los hechos.