El claustro que no llega

Se llegó a celebrar una suerte de ceremonia de desagravio. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se desplazó hasta el municipio madrileño de Torrelodones para "tomar posesión del claustro gótico del Real Monasterio de Santa María de la Valldigna", según afirmaba una nota oficial del Consell. El lenguaje no es gratuito. Al fin y al cabo se trataba de reparar "un motivo de humillación para el pueblo valenciano", el expolio en la década de los veinte del pasado siglo de un patrimonio del que disfrutó incluso Francisco Franco en sus horas de asueto. Corría el mes de septiembre de 2003. La Generalitat anunció entonces que los 10 arcos góticos del antiguo monasterio cisterciense, fundado por Jaume II de Aragón en 1298, volverían a casa por Navidad. Su devolución justificaría toda una legislatura, se dijo.

Aguirre ha sido acusada de alargar el proceso por el polémico archivo de Salamanca

Ha pasado un año y medio, y allí sigue el claustro que el conde de las Almenas mandó desmontar pieza a pieza para su reubicación en una edificio kitsch de muy dudoso gusto; allí en la finca madrileña del Canto del Pico que el citado aristócrata, José María Palacio y Abárzuza, regaló al dictador. Y casi dos años han transcurrido desde que la Generalitat pagó un millón de euros a la empresa propietaria de la finca, la sociedad SHL, para comprar el conjunto histórico. A esta cifra habría añadir 100.000 euros del coste de la réplica del claustro para entregar a la empresa.

Desde entonces se ha anunciado en numerosas ocasiones la pronta llegada del conjunto. Hubo una inicial oposición de un concejal de IU en Torrelodones que finalmente se superó. El principal motivo de la demora era el largo proceso de desafección de un conjunto histórico, declarado Bien de Interés Cultural, que además se encuentra en la zona verde de especial protección de la Cuenca Alta del Manzanares. Así se reiteró, al tiempo que se avanzaba que era cuestión de tiempo. En ningún momento se mencionó que el Ministerio de Cultura tuviera que dar su visto bueno, ni siquiera que desempeñara algún papel en el proceso, dada la transferencia de competencias.

De hecho, la Comisión de Patrimonio Histórico de Madrid aprobó el cambio de catalogación del palacio del Canto del Pico. Los partidos políticos se pusieron de acuerdo. La intención era desclasificar el edificio como BIC e incluirlo en el Inventario de Bienes Históricos de la Comunidad, según manifestó el consejero madrileño de Cultura, Santiago Fisas, en una visita efectuada al antiguo monasterio de la Valldigna el 27 de julio de 2004.

El procedimiento se ha alargado, porque, además, el terreno sobre el que se asienta el claustro es muy sensible dado su valor medioambiental y su altísimo valor residencial si se llegara a recalificar.

También algunas voces implicadas en el proceso interpretan que Esperanza Aguirre ha ido alargando el traslado del claustro para que no coincidiera con la polémica sobre el traslado a Cataluña de parte del archivo de Salamanca, formado por documentos expoliados durante y después de la Guerra Civil. La presidenta madrileña se ha mostrado firme en su rechazo a esta decisión del Gobierno del PSOE.

El caso es que han pasado los meses y nada se ha sabido oficialmente del claustro hasta la pasada semana. "Están burlándose de nosotros", se lamenta el alcalde de Benifairó, uno de los cuatro municipios de la Valldigna, recogiendo un sentir generalizado. "Son ya muchos años de espera", añade.

Camps y Aguirre escenificaron un acto por el cual ponían en manos del Ministerio de Cultura la decisión de trasladar el claustrillo. "El único problema que teníamos es que este claustro está declarado como BIC y se encuentra en un edificio catalogado como histórico, por lo que se necesita la autorización del Ministerio de Cultura", manifestó Aguirre, en declaraciones publicadas por el diario Levante. La presidenta madrileña anunció el envío de una carta a la ministra de Cultura, Carmen Calvo, solicitando la autorización. El consejero valenciano de Cultura, Alejandro Font de Mora, se ha sumado esta semana a la solicitud y ha pedido una entrevista con Calvo. Ayer, la Generalitat remitió una nota en la que indica que "se ha personado en el proceso del expediente administrativo incoado".

De modo que el Ministerio de Cultura, gobernado por el PSOE, ha hecho su aparición en un proceso desarrollado hasta el momento por dos administraciones dirigidas por el PP, la Generalitat valenciana y la Comunidad de Madrid. De hecho, la estrategia se ha modificado. Según explicó una portavoz de la Consejería de Cultura de Madrid, la finca del Canto del Pico sigue siendo BIC, porque ahora no se va a producir la desafectación originariamente planteada, a pesar de los anuncios precedentes. El acuerdo alcanzado en la comisión de Patrimonio que proponía una reducción de la protección se ha dejado a un lado. "No se ha rebajado la protección y se ha decidido pedir ahora la aprobación del ministerio", reconocieron fuentes del Gobierno de Madrid. La opción obedece a una lectura del articulado de la Ley de Patrimonio estatal en virtud del cual, si se traslada un patrimonio declarado BIC a otro conjunto con el mismo nivel de protección, se ha de contar con el visto bueno del Ministerio de Cultura. Sería el caso del claustrillo, que se desplazaría de la finca de Torrelodones con destino al monasterio de la Santa María de la Valldigna.

Mientras tanto, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia madrileño acaba de prohibir a la empresa SHL construir el hotel de lujo que proyectaba en el Canto del Pico. Fuentes del ministerio de Cultura, por su parte, manifestaron que el pasado miércoles llegó la primera carta sobre el claustrillo de la Valldigna, enviada por Aguirre. Una vez se estudie jurídicamente el caso, se emitirá un juicio.