Consenso de las cooperativas de Fedeoliva sobre la deuda

Las 15 cooperativas afectadas por la crisis económica de la aceitera jiennense Fedeoliva han alcanzado un consenso para asumir, de forma solidaria, la deuda de más de 44 millones de euros acumulada durante los años 1999 y 2004 durante la campaña de comercialización de aceite de oliva a Estados Unidos. Las cooperativas afrontarán la deuda de forma porcentual en función a su producción y su participación en la comercializadora Expafe. El único escollo, planteado por la cooperativa La Purísima de Guarromán -que discrepaba del acuerdo al integrarse un año después en el grupo comercializador- , se ha superado ya, según indicó ayer el portavoz de las cooperativas, José Sanjuán. De esta manera, se cumple la exigencia que habían puesto las entidades de ahorros acreedoras, que condicionaron la refinanciación de la deuda a 10 años -prorrogable a 30- a la asunción solidaria de la deuda por las 15 cooperativas. Las cooperativas temen que puedan tener dificultades financieras si no cuentan con los activos de Fedeoliva, puesto que las instalaciones están hipotecadas.

Por otro lado, la auditoria que se está realizando a la gestión de los antiguos responsables de Fedeoliva se está retrasando más de lo habitual porque el grupo auditor externo está encontrando dificultades para recabar toda la información solicitada. Esta auditoria debería estar lista para el próximo 30 de junio, fecha de la asamblea general de Fedeoliva, donde dejarán sus cargos los miembros del actual consejo rector y no se descarta que tenga que nombrarse un interventor judicial para coger las riendas de la cooperativa.

Mientras, IU ha presentado una Proposición no de ley en la Comisión de Agricultura del Parlamento andaluz en la que se pide un plan de defensa de las cooperativas afectadas con medidas para reducir la carga financiera y facilitar ayudas que permitan el mantenimiento de la actividad. El diputado José Cabrero la justificó en el "riesgo de desaparición" de varias almazaras. IU cree que ha habido "falta de vigilancia" en el control de las ayudas públicas.