Situación insostenible

La muerte, en un incendio provocado en su celda, de una adolescente de 16 años en uno de los seis centros existentes en Canarias para el internamiento de menores ha sido el detonante de una serie de denuncias sobre la "insostenible situación" -en palabras del Diputado del Común, equivalente al Defensor del Pueblo de otras comunidades- de tales centros, lo que a su vez ha obligado a reaccionar al Gobierno canario.

Ese incendio es uno de los tres provocados en lo que va de año con intención de quemar vivas a personas, pero además ha habido otra decena de ellos, varias violaciones, cientos de agresiones, palizas, motines. La enumeración resultaría increíble de no venir avalada por el informe del Diputado del Común, que reclamaba una intervención urgente de la Administración autonómica, que asumió hace cuatro años la competencia sobre menores. El presidente de Canarias, Adán Martín, se ha comprometido a hacer lo necesario para acabar con esa situación en un plazo no superior a cuatro meses.

Las deficiencias observadas van desde el hacinamiento en centros sin separación por edades, sexo y tipología de delitos, hasta la ausencia de estrategias de reinserción y la improvisación en el tratamiento de conductas conflictivas, por falta de preparación del personal. Uno de los reproches es la delegación de la gestión de los centros a entidades diversas, una de las cuales fue acusada de malos tratos a los internos. La voz de alarma del Diputado del Común se añade a otras anteriores del Tribunal Superior de Canarias y la fiscalía sobre aspectos organizativos de la justicia de menores y la insuficiencia de medios materiales y humanos.

Esta insuficiencia fue reiteradamente denunciada por toda clase de instituciones a raíz de la entrada en vigor, en 2001, de la Ley Penal del Menor, que pretendía sustituir la mera privación de libertad por una serie de medidas específicas que favorecieran un tratamiento individualizado de reinserción. Un año después de la aplicación de la ley, el personal que trabaja en los centros para menores de Cataluña advertía de su incapacidad para aplicar la norma de forma que los menores "salgan de los centros en mejores condiciones de las que entraron". Y todavía está pendiente de elaboración el correspondiente reglamento.

Lo de Canarias es, por su carácter extremo, una llamada de atención sobre un problema más general. Datos de desbordamiento del personal los hay en muchas otras comunidades. De poco sirven las leyes si no van acompañadas de medios; y aunque la competencia esté transferida, el Gobierno central no puede lavarse las manos: debe vigilar la aplicación de las normas.