¿Puede una comunidad definirse como nación?

La propuesta de inclusión del término nación en el proyecto de reforma estatutaria de Cataluña ha abierto un debate sobre su constitucionalidad. Catedráticos de Derecho Constitucional y cuatro padres de la Ley Fundamental opinan sobre el encaje de este término en la Constitución.

- Manuel Gerpe. Este catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona considera que la Constitución "acoge y garantiza" las dos grandes acepciones doctrinales de nación: la jurídico-política y la sociológica-cultural; pero a la primera le llama nación y a la segunda nacionalidad. Por tanto, a su juicio, si nación y nacionalidad son términos sinónimos, la definición de Cataluña como una nación no plantearía ningún problema.

En cambio, si se da a la expresión nación catalana el mismo contenido que da la Constitución a la nación española se presentarían más inconvenientes. "Aunque tenga la apariencia de paradoja o juego de palabras", comenta Gerpe, "la referencia estatutaria es constitucional si la nación sigue siendo jurídicamente nacionalidad e inconstitucional si pretendiera ser jurídicamente nación". Tampoco cree que su inclusión tenga consecuencias jurídicas pero, en cambio, tiene un gran valor simbólico. "El término nación no sólo es de uso cotidiano en Cataluña y más fácilmente identificable por la opinión pública, sino que tiene mayor fuerza en la expresión de la identificación colectiva de una comunidad. Nación se relaciona con un grado superior de identificación interna y de diferencia hacia el exterior que el que refleja la nacionalidad".

- Javier Pérez Royo. Entiende este catedrático de la Universidad de Sevilla que el artículo 2 de la Constitución es muy claro al respecto y que el término nación se contempla exclusivamente para la nación española, integrada por regiones y nacionalidades. "Al menos", aclara, "una lectura inmediata conduciría a esta conclusión". Por tanto, sería inconstitucional. También cree que su inclusión estatutaria no tendría consecuencias jurídicas. "En términos constitucionales no tendría ninguna consecuencia, o al menos no están previstas en el ordenamiento constitucional", opina. Como Gerpe, cree que su inclusión tendría, en cambio, un alto valor simbólico.

- Antonio Torres del Moral. Este catedrático de la UNED apunta que el empleo del término nación en un Estatuto no tiene encaje constitucional, y que en la Ley Fundamental se utiliza ese término únicamente para referirse a la nación española. En su opinión, la Comisión Constituyente buscó deliberadamente una palabra diferente para referirse a las comunidades. Y explica: "Se empleó el término nacionalidades, que desde el primer momento fue interpretado como naciones culturales, algo parecido, si no igual, a los pueblos de los que se habla en el preámbulo". Si se incluyera el término en un Estatuto, y si el texto no fuera rechazado en las Cortes, siempre cabe, en opinión de Torres del Moral, la impugnación ante el Constitucional, que "tendría que hacer una sentencia interpretativa".

- Gregorio Cámara. "El debate sobre este tema es más simbólico y semántico que propiamente jurídico", advierte este catedrático de la Universidad de Granada. Explica Cámara que el artículo 147 establece como contenido necesario del Estatuto "la denominación de la comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica". Y subraya, que la soberanía y la unidad e indisolubilidad de la nación española, como patria común, "quedan garantizadas" por los artículos 2 y 1.3 de la Constitución". Todo ello le lleva a considerar que la autodefinición estatutaria de una comunidad como nación "superaría un test de aceptabilidad constitucional", porque ese concepto "no está automáticamente vinculado al de Estado soberano".

Si la inclusión del término se produjera, en opinión del catedrático, no tendría ninguna consecuencia jurídica, "del mismo modo que no existen en nuestra norma constitucional diferencias jurídicas entre comunidades según se definan en sus estatutos como nacionalidades o como regiones". Y sentencia: "Cosa distinta son las resonancias políticas que levanta este término cuando se proyecta hacia el futuro en asociación con pretensiones soberanistas... dependiendo de quien haga la proyección".

- Miguel Ángel Aparicio. En opinión de este catedrático de la Universidad de Barcelona "si se introduce dentro del texto constitucional, mediante reforma, no hay problema". Sin embargo, advierte, su inclusión en determinados estatutos, puede herir sensibilidades, "pero tampoco debiera ofrecer problema jurídico alguno porque, ante todo, es un elemento de conciencia territorial colectiva".

La inclusión del término nación no tendría, a su juicio, ninguna consecuencia jurídica: "No lleva consigo el derecho de autodeterminación y ni más atribución competencial que la simbólica". En cambio, señala Aparicio, haría más fácil y coherente la aplicación del principio dispositivo que formula la Constitución como eje de la autonomía; y, "por supuesto, permitiría una mejor adaptación del autogobierno de la comunidad -hablo de Cataluña- a esa conciencia territorial propia y a su más adecuada integración en el conjunto estatal".

- Javier Corcuera. "Cuando la Ley Fundamental utiliza el término nación, lo hace refiriéndose a la nación española", mantiene este catedrático de la Universidad del País Vasco. Corcuera señala que "hay nación, en ocasiones identificada con España; y hay nacionalidades o regiones". Y explica que desde una perspectiva jurídico constitucional, estos términos expresan realidades diferentes: "Nación, como término vinculado con la soberanía; y nacionalidades y regiones titulares de un derecho a la autonomía". Esto le lleva a concluir que definir a una comunidad como nación "debería de obligar a una reforma constitucional". En su opinión, los que defendieron la inclusión del término nacionalidades en la Constitución "sostuvieron que, con ello, no se trataba de garantizar regímenes autonómicos diferentes entre las comunidades que se definieran como tales y las regiones". Considera que era una distinción de alcance simbólico.

También señala que la distinción entre nacionalidades y regiones se ha intentado derivar, en los últimos 15 años, "tratamientos diferenciados y justificar la el establecimiento de nuevas asimetrías". Este catedrático advierte de que afirmar hoy que algunas comunidades son naciones "vuelve a ser la vía para justificar un modelo autonómico" que subraye el carácter confederal de la vinculación de Euskadi y Cataluña, (y en su caso Galicia), con el resto. Y remacha: "Igual alguien piensa que con eso se conseguirá la integración definitiva y amable de los nacionalistas en el sistema constitucional. Se equivoca".

- Juan José Solozábal. Este catedrático de la Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid considera que "la existencia de cláusulas estatutarias que definan el tipo de comunidad territorial con que prefiera identificarse una autonomía "entra dentro de la función de un Estatuto, de establecer su configuración política". A su juicio, la cuestión estriba en que esa definición sea compartida de forma general en dicha comunidad, la asuma el conjunto de fuerzas políticas y sea compatible con lo establecido en la Constitución.

"Por ello una comunidad podría definirse en su Estatuto como nación, teniendo en cuenta que cabe una acepción de ese termino no necesariamente nacionalista", subraya. Según este catedrático, se trataría entonces -aun considerando más satisfactoria la situación actual- de admitir una acepción sinónima con el término nacionalidad de la Constitución, que por tanto ni pone en duda la superioridad de la nación española ni la integración definitiva en un Estado compartido con el resto de las comunidades. Y remacha: "Un entendimiento de la expresión nación en tales términos no requiere la modificación constitucional, ni supone una diferencia entre las comunidades que justifique una posición distinta entre las mismas".