El arzobispo de Granada alquilará 22 autocares para la marcha contra las bodas gays

El arzobispo de Granada, Javier Martínez, anunció ayer que asistirá en Madrid a la manifestación contra la ley que permitirá los matrimonios homosexuales. Martínez, presidente de la subcomisión para la Familia de la Conferencia Episcopal, es el primer prelado que confirma su asistencia a la marcha. El obispo ha dicho que alquilará 22 autocares para quienes quieran asistir. Los partidarios de regular el matrimonio gay sufrieron ayer una nueva baja, la de la senadora socialista por Barcelona Mercedes Aroz, quien afirmó "que no apoyará la ley".

El proyecto de ley que regula el matrimonio entre personas del mismo sexo "discrimina a los matrimonios verdaderos" y "ofende a la inteligencia", manifestó el arzobispo de Granada en un comunicado. Martínez señaló que tanto él como diversas instancias de la Iglesia, han manifestado "reiteradamente" su disconformidad con ese "inicuo y burlón proyecto de ley que discrimina a los matrimonios verdaderos, destruye un bien social sagrado y ofende a la inteligencia".

El arzobispo anima a los fieles a participar en la manifestación. Para ello pondrá a su disposición 22 autobuses, con capacidad para unas 1.200 personas y que cuestan unos 1.200 euros más IVA cada uno, según empresas de transportes consultadas.

Pese a su postura, el arzobispo afirma que la Iglesia no "lucha contra nadie", sino que quiere "el bien de todos, también de las personas homosexuales". A la manifestación también ha anunciado que asistirá la concejal del PP en Madrid Ana Botella, quien el 18 ejercerá de alcaldesa en funciones.

El proyecto de ley perdió ayer un posible voto a favor: la senadora por Barcelona Mercedes Aroz, del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), manifestó que no aprobaba la ley, por lo que, igual que el senador socialista Francisco Vázquez, no asistirá al pleno del Senado a votarla.

En una nota de seis puntos, Aroz afirma que la ley "no mantiene el equilibrio necesario entre la ampliación de los derechos civiles de la minoría homosexual y la salvaguarda de los intereses generales" y que "no da prioridad a los derechos de la infancia". "La ley propone cambiar la esencia del matrimonio basada en la ley natural y civil, y de la que procede también el matrimonio canónico".

El grupo parlamentario de Aroz (Entesa Catalana de Progrés), formado por senadores del PSC, Esquerra Republicana y de Iniciativa-Verds, aseguró que la decisión de la senadora no alterará el previsible resultado de la votación de la ley en el Senado, que la mayoría de senadores de la Entesa apoyará. En un comunicado, la Entesa afirma que "respeta la posición de cualquiera de sus miembros". Si no se producen más cambios, en el Senado la ley obtendría 127 votos en contra y 130 a favor.

Quien sí tuvo algo que decir fue uno de sus compañeros de partido, José María Ortiz, que preside la Comisión de Derechos Civiles del PSC. Ortiz lamentó la "ignorancia supina" de la senadora respecto al derecho de familia, y afirmó que Aroz tiene la obligación de representar a los barceloneses "incluidos los gays y lesbianas", informa Enric Company.

Precisamente el texto de Aroz fue utilizado por Rosa Vindel, del PP, para defender ayer en la Comisión de Justicia del Senado su veto al proyecto de ley. Esta iniciativa fue rechazada, igual que el veto presentado por Jordi Casas, de Unió Democràtica de Catalunya. En cambio, la Comisión aprobó una enmienda, pactada por PP y CiU, para que "las autoridades y funcionarios de todo tipo que, debiendo intervenir en cualquier fase del expediente matrimonial entre personas del mismo sexo, adujeren razones de conciencia para no hacerlo, tendrán derecho a abstenerse de actuar". A cambio, deberá nombrarse un sustituto. "¿Qué más les da el nombre del juez, alcalde o concejal que les case?", justificó el portavoz del PP en la Comisión, Agustín Conde. Lluís Badia, de CiU, recalcó que se trata de una "enmienda práctica". Esta enmienda será previsiblemente aprobada en el Pleno del Senado.

El portavoz del PSOE, Arcadio Díaz, recordó que una enmienda similar ya fue rechazada en el Congreso. "En términos reales se trata de una barbaridad jurídica", dijo. El PSOE ya ha anunciado que en el Congreso rechazará esta enmienda.

Por su parte, el presidente del PP, Mariano Rajoy, afirmó ayer en A Coruña que la Plataforma Popular Gay "está en su derecho" de dar los nombres de políticos homosexuales -como anunció el lunes-, aunque duda acerca de que ésa sea la medida "más razonable".