El Gobierno insta a la fiscalía para que recurra todas las excarcelaciones de etarras

Juan Fernando López Aguilar, ministro de Justicia, ha instado al ministerio fiscal para que "con carácter general y permanente" recurra todas las excarcelaciones de etarras condenados por el viejo Código Penal. El Gobierno trata así de evitar que salgan de la cárcel etarras como Ignacio de Juana Chaos, que sólo ha cumplido 18 años del máximo legal de 30, gracias a que ha redimido 12 años por motivos diferentes. Con esta medida general y con el recurso de la Fiscalía del Estado contra la excarcelación de De Juana, el Gobierno quiere demostrar ante la ciudadanía su compromiso "con la evitación de la impunidad".

El revuelo levantado por el auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz -que no ve motivo para procesar de nuevo a De Juana por pertenencia a banda armada y amenazas- y la anunciada excarcelación del etarra en agosto -algo que ya se sabía en febrero que iba a ocurrir si no prosperaba el nuevo procesamiento- ha reactivado la maquinaria judicial contra su salida de prisión.

El ministro de Justicia aseguró ayer en Aranjuez (Madrid) que ha interesado al ministerio fiscal para que "con carácter general y permanente recurra todas las excarcelaciones de etarras, que vigile con el máximo celo el cumplimiento de acuerdo con el rigor que la ley exige de los beneficios penitenciarios en cada caso individualizado".

El caso de De Juana es paradigmático. El etarra, preso desde que fue detenido en 1987 como miembro del comando Madrid, fue condenado a más de 3.000 años de cárcel por 25 asesinatos, pero había logrado redimir, por distintas vías, hasta 12 años del máximo legal de cumplimiento de 30 años. En esa misma situación están otra veintena de etarras, muchos de ellos con abultados historiales de sangre, que irán saliendo de prisión prematuramente, gracias a las redenciones, entre este año y el que viene. El siguiente en extinguir pena será Juan María Tapia Irujo.

Por ello, ahora el Gobierno trata de impedir casos similares. "La garantía que el Gobierno quiere ofrecer a la ciudadanía es la de su compromiso con la evitación de la impunidad y con la persecución, con el máximo celo, de los crímenes terroristas con todo el rigor de los instrumentos a su alcance", señaló ayer López Aguilar, minutos antes de intervenir en un seminario sobre accidentes de tráfico.

Revisión de redenciones

El principal de esos instrumentos es la revisión de la redención de las condenas. La fiscalía de la Audiencia Nacional ya venía revisando "de forma sistemática" las redenciones aprobadas por jueces no considerados competentes para ello -tras la entrada en funcionamiento del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia- o dadas en fraude de ley. Gracias a ello se logró postergar la salida de la cárcel de Ignacio de Juana desde febrero pasado a la primera semana de agosto que viene.

Además, desde enero pasado la Dirección General de Instituciones Penitenciarias viene revisando las gratificaciones obtenidas gracias al anterior Código Penal. Pese a ello, De Juana tiene aprobado su licenciamiento definitivo, con extinción de responsabilidad, en agosto. Uno de los instrumentos que le quedan al Estado para evitar la excarcelación es el recurso que anteayer presentó el fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Alonso contra el auto de Pedraz.

"Ahora se verá", dijo López Aguilar en referencia a De Juana, "si es posible que se pueda construir una nueva imputación penal por pertenencia a banda armada, amenazas o por continuidad de alguna forma de la actividad terrorista, incluso desde la cárcel". El ministro comprometió su palabra de que el fiscal va a actuar "para intentar recurrir al límite de sus posibilidades y de las posibilidades del propio sistema judicial la excarcelación de De Juana Chaos sobre una doble base, la del cómputo de beneficios penitenciarios y la de la imputación por pertenencia continuada a banda armada sobre el indicio que presta la colaboración de este etarra con Gara".

El juez Pedraz tendrá que decidir ahora si admite el recurso de reforma del fiscal Alonso contra su propio auto. En caso de que lo rechace, será la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que tendrá que decidir sobre si se mantiene o no en prisión a De Juana. La fiscalía ya ha anunciado que apelará a dicha instancia si Pedraz confirma su auto, en el que decreta su "inmediata puesta en libertad".

"Vamos a intentar actuar al límite de nuestras capacidades para evitar la excarcelación y la impunidad sobre un recurso que va a interponer el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y confiamos en que prospere ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional", insistió el titular de Justicia. De prosperar el recurso del fiscal, De Juana podría seguir en prisión preventiva hasta que fuera juzgado y por un máximo de cuatro años. La decisión de Pedraz también ha sido recurrida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y por la Confederación Española de Policías.

El problema planteado con De Juana y otros presos etarras, a los que se les aplicaron de forma automática las redenciones previstas en las leyes, quedó eliminado en el Código Penal de 1995. Todos los etarras condenados a partir de esa fecha, al igual que cualquier condenado, cumplirán íntegra la condena impuesta, sin posibilidad de redención por estudios o trabajo. La reforma de 2003, además, elevó de 30 hasta 40 años el máximo de cumplimiento y, además, exige a los aspirantes a beneficiarse de otros mecanismos, como la libertad condicional signos de reinserción y renuncia a la violencia.

El ministro del Interior, José Antonio Alonso, manifestó ayer su esperanza en que prospere el recurso de la fiscalía contra la excarcelación. "Es tremendo que un terrorista, seguramente de lo más sanguinario que ha producido la organización terrorista ETA en su historia, vaya a quedar en libertad", subrayó.