Las empresas dan la espalda a las personas discapacitadas

Las empresas catalanas con más de 50 trabajadores incumplen de forma flagrante la ley estatal que las obliga a reservar un 2% de la plantilla para la población activa con alguna discapacidad. Esta reserva no alcanza ni el 0,8%, según un estudio de UGT. En los últimos tres años, más de la mitad de los contratos firmados por este colectivo se hizo en pequeñas y medianas empresas (pymes). UGT atribuye al "silencio administrativo" la primera causa del incumplimiento. Mientras, el Departamento de Trabajo e Industria admite que está desbordado por falta de inspectores.

"Los principios que declaraba la ley cuando apareció, en 1982, continúan sin cumplirse", criticaba hace pocos días en Barcelona Carlos Rubén Fernández, presidente de la Fundación ONCE.En la misma línea, la secretaria de políticas para la igualdad de UGT de Cataluña, Laura Pelay, recuerda que la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) se aprobó "sin presupuesto y sin mecanismos suficientes para controlar y sancionar a las empresas". De ahí la "inoperancia" de la ley. Nada forzaba a las empresas a contratar a personas discapacitadas.

Unos 23 años más tarde, al empresariado catalán parece que sigue sin interesarle contratar a discapacitados, que en 2003 representaban el 4,6% de la población catalana. De los 95.300 minusválidos con capacidad para trabajar sólo 4.414 firmaron un contrato laboral.

Ante estas cifras, la subdirectora general de Relaciones Sociales del departamento de Trabajo e Industria, Montse Segura, hace autocrítica: "La verdad es que la Administración ha hecho pocas campañas de sensibilización", lo que no ha favorecido a acelerar el proceso de integración, lamenta.

A finales de los noventa, la presión ejercida por los colectivos discapacitados debido al incumplimiento masivo de la ley tuvo su efecto: el Gobierno central fijó una serie de medidas alternativas, que se concretaron en 2000, y que contemplaba que los empresarios pudieran no contratar a discapacitados, "pero dando algo a cambio", explica Pelay.

Para poder prescindir de estas personas -siempre y cuando no exista demanda para cubrir el puesto ofertado, o por peculiaridades de carácter productivo, técnico o económico, que hagan especialmente difícil la incorporación de minusválidos a la plantilla de la empresa-, la empresa tiene que obtener un certificado oficial del Servicio Público de Ocupación en un plazo máximo de dos meses que demuestre la veracidad de dicha causa. "Este certificado caduca a los tres años", explica Pelay, "con lo que es fácil que la Administración se sienta desbordada por los trámites burocráticos".

Vacío legal

Aun así, tanto Pelay como Fernández critican el vacío legal existente: "Si los empresarios no dicen nada, la Administración tiende a dar por hecho el cumplimiento de la ley", dice Pelay. Fernández se refiere al "silencio administrativo" como un hecho que "siempre ha estado ahí".

Segura, por su parte, admite que para evitar el fraude de las empresas sólo cuentan con un centenar de inspectores, que no dependen de la Generalitat, sino del Ministerio de Trabajo.

Las medidas alternativas a las que pueden optar estas compañías consisten en escoger entre contratar servicios de suministro de cualquier bien necesario para el desarrollo de su actividad, o donar directamente una cantidad de dinero para fomentar la creación de ocupación de estas personas. En el primero de los casos, el importe anual de estos servicios tiene que equivaler al salario mínimo interprofesional de tres trabajadores por cada minusválido no contratado. En el segundo caso, al de un trabajador y medio.

Pero esta alternativa tampoco ha estimulado la solidaridad de los empresarios. En 2003, de las 5.312 compañías con 50 o más trabajadores sólo 49 optaron por alguna de estas medidas. El importe total, tanto por contratación como por donación, fue de casi cinco millones de euros, el equivalente a 236 empleados con discapacidad. ¿Qué pasó con las otras 5.263 empresas? No hay respuestas claras a estas preguntas, y el Gobierno catalán apenas puede imponer sanciones, que, por otra parte, no llegaron hasta 1999, cuando se tipificó esta infracción como falta. Para Segura, "se necesita más presupuesto y mejor coordinación para hacer el seguimiento de todas las grandes empresas".