El ministerio investiga las cuentas de la CEV de 2002 por orden del fiscal

La investigación que iniciara hace ocho meses la Fiscalía sobre el destino de 265.233,14 euros de las cuentas de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) que en la liquidación de 2002 aparecen sin justificar ha llegado a la Intervención General, dependiente del Ministerio de Economía. Una prórroga del fiscal general del Estado ha permitido seguir depurando el uso de los fondos europeos recibidos para impartir 40 cursos.

La CEV recibió en 2002 un total de 1.162.418,72 euros del fondo social europeo para impartir 40 cursos dentro del programa de fomento y formación del empleo. La justificación sobre el destino de 265.233,14 euros está aún pendiente. La sección de delitos económicos de la fiscalía del TSJ remitió hace unas semanas la documentación obtenida sobre el ejercicio 2002 a la delegación en Valencia de la Intervención General del Estado -dependiente del Ministerio de Economía-. Será ese organismo el que, en un plazo razonable según la Fiscalía, tendrá que devolver un informe que determine si existe o no la justificación precisa del destino en cursos de formación de esa cantidad.

La fiscalía del TSJ inició la investigación en noviembre pasado tras conocer por la prensa que la Fundación Tripartita para la Formación Continua (antigua Forcem) encontró que la subvención concedida a la CEV por el Fondo Social Europeo para cursos de fomento y formación en el empleo en 2002 tenía una laguna. Aparecían justificados correctamente 897.185,58 euros. Pero 265.233,14 euros no. Las bases de la convocatoria del Fondo Social Europeo para la concesión de subvenciones incluyen un protocolo de justificación de las mismas que no se cumplía.

La Fiscalía decidió inicialmente recoger toda la información sobre el asunto -que también está inmerso en un proceso administrativo aún sin resolver- al abrir diligencias de investigación. Esas diligencias tienen una vida inicial legalmente fijada de seis meses. Pero ese tiempo no fue suficiente para reunir todo el papeleo.

La sección de delitos económicos recurrió entonces a solicitar, como también la ley lo exige, una prórroga fundamentada al fiscal general del Estado, quien el pasado 27 de abril la concedió por otro periodo de seis meses. Mientras se estaba resolviendo la petición a la Fiscalía General del Estado, el fiscal de Valencia recibió el total de la documentación y la remitió al organismo que actúa como perito, como auditor, y que debe revisar las cuentas de la CEV. Si la investigación concluye en el sentido apuntado por el departamento de verificación del Forcem, podría abrirse una causa contra la CEV por fraude de subvenciones.