El juez archiva el caso de la carretera Cabanes-Oropesa sin concluir las diligencias

El titular del juzgado de instrucción número 2 de Castellón ha emitido, sin concluir las diligencias solicitadas, un auto de sobreseimiento provisional de la denuncia por delito ecológico en la construcción del vial Cabanes-Oropesa, paralizado cautelarmente por otro juez. El magistrado considera que no se ha cometido ningún delito y que "resulta difícil concretar qué riesgos sobre el medio ambiente pueden producirse una vez la carretera esté finalizada".

El auto no hace referencia, ni para motivar su desaprobación, a las diligencias que habían reclamado tanto el fiscal como el denunciante, el grupo ecologista Gecen, y que habían sido admitidas. Unas diligencias que, según el representante del colectivo conservacionista, son "obligatorias". La única referencia del juez se refiere a un informe sobre la incidencia del plan de voladuras en el entorno que Gecen pretende proteger y que para el juez "no sería más que un estudio de probabilidades de riesgo" que "en nada afectaría a la existencia del delito investigado". No nombra la petición de la fiscalía, que solicitó al Consell un informe detallado sobre la conexión económica entre la carretera, el funcionamiento del futuro aeropuerto de Castellón y el desarrollo y construcción del parque de ocio Mundo Ilusión y su urbanización.

Los informes en que se basa el juez para determinar el sobreseimiento provisional son la declaración de impacto ambiental y el emitido por la Generalitat, un informe de parte en el que, obviamente, la Administración defiende la legalidad de su actuación. El escrito judicial tan sólo hace una referencia a los informes del perito judicial, para obviar una de sus advertencias, y no hace suyas las consideraciones plasmadas, por ejemplo, en el último de sus estudios en el que indica que la construcción de esta vía rápida tiene "repercusiones innegables" en el paraje natural del Desert de Les Palmes, así como un "riesgo evidente" sobre la integridad ecológica de la importante fauna troglobia de L'Ullal de Miravet y que, de concluir su construcción, supondría "un grave riesgo sobre el equilibrio de los sistemas naturales expuestos".

El auto de sobreseimiento, sobre el que Gecen ya ha anunciado que presentará recurso, califica de "diligente" la actuación de todos los imputados, el entonces director general de Obras Públicas, Pedro Marco, el jefe de la división de carreteras, Sergio Pedrajas, y el jefe del servicio de Evaluación de impacto ambiental, Juan Martínez. Sobre ellos señala además que "resulta difícil que en un futuro se les pueda imputar algún tipo de responsabilidad penal por hechos futuros que con relación al Ullal puedan producirse".