Un juzgado tramita una querella contra el IVVSA por una actuación urbanística en Paterna
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Paterna tramita una querella contra el Instituto Valenciano de la Vivienda, SA (IVVSA) presentada por afectados de una actuación urbanística en la zona del Mas del Rosari de Paterna, donde se construirán 284 viviendas protegidas y pisos de renta libre en varias parcelas.
El consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, afirmó recientemente con ocasión de la visita de los eurodiputados que investigan el urbanismo valenciano, que ninguna de las 15.000 quejas de afectados por la polémica normativa valenciana se había sustanciado en los tribunales. Sin embargo, la actuación del IVVSA en Paterna sí ha derivado en un conflicto judicial con propietarios de suelo en la zona en la que pretende levantar viviendas.
La parcela en litigio en el sector Mas del Rosari ocupa algo más de 1.000 metros cuadrados y sobre ella se levanta una casa y un pozo que distribuye agua a viviendas de los afectados. El terreno fue incluido en la reparcelación forzosa impulsada por el IVVSA en el mencionado sector y discutida por los cinco copropietarios en relación con su medición, valor, aprovechamiento del pozo y costes de urbanización. Por ello, una de las afectadas interpuso un recurso contencioso-administrativo en febrero de 2004 ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano y solicitó la suspensión de la ejecución del proyecto de urbanización para que un perito judicial valorase los bienes y derechos de los afectados. El perito fue nombrado, y mientras el IVVSA pidió a un juzgado permiso para ejecutar la reparcelación forzosa y usar la propiedad, lo que le fue denegado, también al plantear el recurso contra al rechazo a su pretensión. Con resoluciones aún pendientes, una empresa contratada por el IVVSA, según los afectados, destruyó la valla de la propiedad y los árboles, por lo que uno de ellos interpuso una querella que fue admitida a trámite en enero de este año, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario. La querella se dirige contra la empresa que actuó en la parcela y el IVVSA, dependiente de la consejería que dirige Blasco.
El IVVSA rechaza una ocupación ilegal de la parcela y afirma que la jurisprudencia que maneja pone de manifiesto que los propietarios pierden los terrenos cuando se aprueba la reparcelación forzosa, con lo que a su juicio las diferencias judiciales sobre el precio pagado no frenarían la urbanización que acomete el organismo.
