Los docentes de Granada piden a la Junta que frene las agresiones
La Junta de Personal Docente de Granada solicitó ayer a la Junta de Andalucía que se implique más en las agresiones contra profesores, como la que tuvo lugar la semana pasada en un instituto de Enseñanza Secundaria de Las Gabias, donde el padre de un alumno retuvo en su despacho, pegó e insultó al director por castigar a su hijo. Los profesores, que han convocado una huelga provincial para el próximo martes, quieren que Educación se presente como acusación particular cada vez que se produzca uno de estos incidentes.
La Junta de Personal de Granada asegura que uno de cada cinco colegios de Granada (el 20%) ha registrado una agresión física grave. Estos ataques afectan por igual a los centros privados, concertados y públicos, según los sindicatos de enseñanza. Esa violencia "no es generalizada", según dijo el representante de USTEA, Juan Miguel Garrido, sino que se da en "focos localizados" que requieren la intervención de la administración.
Los docentes consideran insuficiente la normativa disciplinaria prevista para estos casos. Dicen que no se aplica por igual en todos los centros y aseguran que estos actos violentos dan lugar a bajas laborales entre el profesorado que son difíciles de indentificar "al diluirse entre el resto de bajas", según Juana Caballero, representante de CSI-CSIF.
Al paro del próximo martes están llamados unos 10.000 profesores (6.000 de Primaria y 4.000 de Secundaria). Los huelguistas se concentrarán ante la delegación provincial de la consejería de Educación. Los docentes convocarán un claustro extraordinario, recogerán firmas y pegarán carteles en todos los centros educativos, según el secretario de la Junta de Personal de Granada, Gerardo Salmerón.
Los profesores aprovecharán también para recordar algunas de sus reivindicaciones actuales, como la disminución de alumnos por aula, el fin de la precariedad laboral y de los interinos y la estabilidad de la plantilla. "Las agresiones en el ámbito educativo son doblemente condenables y requieren una respuesta contundente por parte de la administración", afirmó Diego Garrido, de CC OO.
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