Sanidad accede a hacer un estudio epidemiológico reclamado por la fiscalía sobre 13 vecinos con tumores

La Consejería de Sanidad de Madrid indicó ayer que este departamento, que dirige Manuel Lamela, accede a realizar el estudio de epidemiología que le solicitó el pasado mayo la fiscalía de Madrid sobre el caso de 13 vecinos de Móstoles enfermos con distintos tipos de cáncer. Los afectados viven en dos portales contiguos de pisos situados sobre un viejo transformador de luz eléctrica. La fiscalía quiere que Sanidad recabe los historiales clínicos de todas las personas que viven en ambos bloques, en torno a 80 familias, y analice su evolución sanitaria. Se trata de indagar si la presencia del transformador eléctrico ha tenido algún tipo de influencia en los tumores que padecen estos vecinos.

La fiscalía se ha visto forzada esta semana a apercibir de desobediencia a Sanidad después de que ésta considerase "improcedente" el desarrollo de "un estudio como el solicitado" por la fiscalía. Así lo dice el director general de Salud Pública, Agustín Rivero, en una carta que remitió a la fiscalía el pasado 16 de mayo, en respuesta al primer requerimiento del ministerio público para que se hiciese el citado estudio. En el nuevo requerimiento, éste ya con los apercibimientos legales, la fiscalía vuelve a ordenar que se haga el estudio y le recuerda su deber de colaboración con la autoridad judicial.

La Consejería de Sanidad anunció ayer en un comunicado que está dispuesta a elaborar "cuantos estudios sean necesarios, si así se lo solicita la fiscalía, sobre los efectos de la exposición a campos electromagnéticos". Sanidad no especifica si se refiere al citado estudio epidemiológico. No obstante, un portavoz de este departamento precisó a este periódico que sí.

En su nota, Sanidad destaca "que en ningún momento se ha negado a colaborar con la fiscalía en el proceso, ya que, según la carta remitida el pasado 16 de mayo [en ella] se solicitan los anexos correspondientes a las aportaciones de dos expertos incluidos en el informe elaborado por el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil para una mejor valoración del caso". Se refiere Sanidad a que en la misma carta en la que se considera improcedente hacer el estudio, al final de la misma, pide a la fiscalía que le remita los informes de dos catedráticos sobre el impacto en las personas de los campos electromagnéticos.

"No es Sanidad, sino la fiscalía la que, en base al contenido de la investigación, tiene que decidir y valorar si se hace o no el estudio", señalan fuentes jurídicas. "Esos informes son un aval del posible impacto de los campos electromagnéticos en las personas, y lo que la fiscalía pide es un estudio epidemiológico", añaden.

Sanidad subraya que, "desde un punto de vista epidemiológico, todas las mediciones de campos electromagnéticos en esta zona se encuentran por debajo de los límites máximos admisibles establecidos en las normativas actualmente en vigor, tanto para los trabajadores, como para el público en general, por lo que se hace difícil establecer una causa-efecto". Pero "con objeto de evitar malos entendidos y tranquilizar a la opinión pública, dentro de la política de colaboración plena en la investigación del caso, no dudará en proceder a cuantos estudios añadidos sean necesarios".