Las carencias en educación e innovación lastran la competitividad en Cataluña

Cataluña pierde capacidad de innovación respecto de Europa y suspende en otras asignaturas clave para la competitividad como la educación y el fomento de la cultura emprendedora. Es la conclusión del informe que ayer presentó el comité de sabios para la competitividad y que llega cuatro meses después de firmarse el pacto para la competitividad de la economía. Los expertos pidieron al tripartito que aplique las recetas del acuerdo, entre algunas críticas como los empleos temporales en la Administración, el "exceso" de centros tecnológicos o los escasos avances en formación profesional.

Los expertos nombrados en su día por el consejero de Economía, Antoni Castells, presentaron diagnóstico y recomendaciones para cambiar el modelo productivo de Cataluña ante un nutrido elenco de empresarios y representantes de sindicatos y patronales, y de instituciones socioeconómicas. También asistieron al acto varios diputados y políticos, y el propio Castells. El trabajo, que lleva por título Un modelo de competitividad sostenible y solidario para Cataluña, es un documento de más de 200 páginas.

El pacto por la competitividad, sin embargo, echó a andar en febrero pasado, tras un año de negociación entre la Administración y los agentes sociales, con 86 medidas cuyo coste ha sido cuantificado por Economía en 2.000 millones de euros.

Pocas novedades aportó en su intervención el presidente del grupo de expertos, el catedrático Manuel Castells, quien reconoció que el documento se basa en un "análisis ya conocido", aunque defendió la "independencia intelectual" del trabajo de los sabios. Se refirió sin tapujos a la deslocalización como un fenómeno que azota a Cataluña, pese a que el consejero de Economía ha reducido el problema a casos aislados.

"Graves carencias"

Castells, profesor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y de la de Berkeley, recordó los efectos de la globalización y el proceso de conversión de una economía industrial a una economía del conocimiento, motivo de desagrado de los sindicatos, y señaló que hay que potenciar sectores con alto valor añadido y que "no se trata tanto de atraer nuevas multinacionales" como de que las empresas del país "se conviertan en multinacionales".

Castells denunció, a renglón seguido, las "graves carencias" de la economía catalana que recoge el documento. A saber: pérdida de capacidad de innovación en relación con las principales regiones europeas (pero también va a la zaga de Madrid y el País Vasco), escasa difusión de la cultura emprendedora, relación nula entre investigación universitaria y empresa, sistema educativo con graves deficiencias y altísimas tasas de fracaso escolar, y déficit en infraestructuras.

Son impedimentos conocidos, nada que no vengan denunciando desde hace tiempo los sindicatos, las patronales y otras instituciones socioeconómicas, como la Cámara de Barcelona, y que no quede recogido en el acuerdo de febrero.

El turno en que varios expertos detallaron sus aportaciones al informe tuvo más músculo y sobresalieron varios tirones de orejas al Gobierno catalán. El primero en hacerlo fue el catedrático Luis Toharia, quien denunció el aumento de la contratación temporal por la Administración, especialmente la local. Por su parte, Marina Subirats, concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Barcelona y catedrática de Sociología, hizo el siguiente reproche al tripartito: "No está haciendo lo que nos habíamos propuesto en el pacto en materia de formación profesional" por las discrepancias entre los departamentos de Educación y Trabajo e Industria.

En presencia de Maite Costa, actual secretaria general de Industria de la Generalitat -y a partir de mañana nueva presidenta de la Comisión Nacional de la Energía (CNE)-, Adolf Todó, profesor de ESADE y director general de Caixa Manresa, tachó de "gravísimo error" que el Gobierno catalán quiera hacer "tantos" centros tecnológicos, en lugar de "tres o cuatro potentes y que funcionen".

Al final del acto, Antoni Castells, que estuvo acompañado por su secretario de Promoción Económica, Andreu Morillas, encajó las críticas. Recordó: "Llevamos hablando 30 años de la FP y el pacto sólo tiene cuatro meses" y aseguró que el acuerdo "no es de mercadotecnia", sino un "revulsivo" a la economía catalana para que cambie de rumbo. "Sabemos a dónde queremos ir", remachó.