¿Qué habremos hecho mal?

Todo parecía normal, sencillo y transparente: después de 25 años de experiencia estatutaria y de relación financiera entre Cataluña y el conjunto de España, transcurridos en el ámbito de una Constitución consolidada, redactada en su día por sus autores con mano hábil en un difícil escenario concreto, parecía razonable que no sólo se pudiese hacer serenamente un balance de la experiencia acumulada, sino también estar en condiciones de revisarla, en un nuevo escenario entendido como patrimonio común de todos los españoles y asentado en los hábitos propios de la convivencia democrática. La esperanza de entrar en la vía de un diálogo tranquilo parecía venir avalada, por primera vez en 25 años, por el compromiso explícito del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de considerar, sin agitar el espantajo de la España rota, las propuestas de Estatut, unánimes o ampliamente mayoritarias, que llegasen a sus manos desde el Parlament.

Los prolijos y extensos trabajos, con resultados provisionales, desarrollados en comisión por los diputados catalanes han despertado todo tipo de suspicacias en el resto de España, por parte de casi todos los sectores políticos, de la inmensa mayoría de los medios de comunicación y, con pocas excepciones, de la opinión pública situada al occidente del Ebro, suspicacias que el anuncio de la nueva propuesta de financiación ha convertido en un rechazo casi generalizado, entendido como una expresión de insolidaridad catalana, acompañada de la afirmación, muy extendida en Cataluña, de que había llegado la hora de acabar con el asfixiante expolio por parte del resto de España.

Meritorios han sido los esfuerzos de Antoni Castells, quien, con notable estilo conciliador y extremado rigor contable, ha difundido a los cuatro vientos las razones de la propuesta; loables las entrevistas de Joan Saura para ir a explicar en campo ajeno las bondades del proyecto estatutario, y ejemplares los serenos razonamientos de Joan Puigcercós de las necesidades concretas de los ciudadanos de Cataluña, en su intervención durante el debate sobre el estado de la nación. Incluso en las páginas de España de este mismo periódico, Xavier Vidal-Folch ha escrito un extenso y documentado artículo lleno de sólidos razonamientos que hasta nos ayudan a justificar los excesos verbales de algún consejero.

Pero pese a tanto esfuerzo, en el resto de España el nivel de reticencia no sólo no parece disminuir, sino que se mantiene, y quizá no sea ajeno a la disminución de la valoración personal del presidente Rodríguez Zapatero, quien, después de 25 años de insensibilidad del Gobierno central hacia las aspiraciones catalanas, ha manifestado su disposición a dialogar las propuestas que lleguen avaladas por una amplia mayoría del Parlament.

Ante este escenario, además de no renunciar a nuestras justas propuestas, quizá sea prudente preguntarnos si tal vez nosotros también habremos hecho algo mal.

Desde la modestia y la impunidad que me confiere el estar huérfano de responsabilidades políticas, y con la tranquilidad que da el saber que estas opiniones no estarán presentes en la Feria del Libro de Francfort, me atrevo a exponer algunos motivos que podrían contribuir a entender -que no justificar- la situación que se ha creado.

Vaya por delante que si la política es pedagogía y el diálogo exige tener en cuenta al interlocutor, no es bueno ignorar que en la mayor parte del resto de España no se parte de una cultura federalista. Por el contrario, la experiencia histórica reciente ha venido caracterizada por una relación con la Generalitat basada en un pragmatismo victimista acompañado de una ambigüedad sobre las aspiraciones nacionalistas finales del Gobierno de CiU. Enlazando con este proceso, la irrupción de las propuestas del tripartito pueden aparecer como una continuidad del victimismo, agravado por la pretensión de esconder, bajo las propuestas federalizantes, un solapado proyecto independentista que da a la propuesta catalana una imagen transitoria e insaciable. Es decir, no se trataría de una propuesta responsablemente consolidada, sino un paso hacia la independencia. En este sentido no sería estéril preguntarse también si en este proceso no hemos caído en una infravaloración, que tal vez sea un grave error, del Estatut que tenemos, que no hemos sabido utilizar como referencia los márgenes de aprovechamiento que ofrece ni aceptar con habilidad la lección positiva que hay en su redacción, habiendo emprendido, por el contrario, una tarea de elaboración totalmente nueva, de una extensión y complejidad que tal vez pueda considerarse pretenciosamente excesiva y que no facilita su plena culminación. Y por atrevido que parezca, tal vez no se han medido con prudencia táctica los tiempos propios que requiere el autogobierno, por una parte, y los delicados flecos de la financiación contable, por otra, y en consecuencia, si no sería una consideración positiva aceptar la incorporación de los principios ya consagrados en nuestro actual Estatut de los 12 artículos del Título Tercero, la adicional sexta y la transitoria tercera, que, aceptados ya en su momento, no hubieran abierto conflicto alguno.

Creo que hay una valoración unánime de que no existe en la sociedad catalana un sentimiento de confrontación entre autogobierno y solidaridad, y que este hecho hace temerario introducir en nuestros hábitos de convivencia inoportunos llamamientos a innecesarias movilizaciones que pueden impregnar de radicalidad un proceso que, si exige algo, es la serena madurez del diálogo y la negociación.

Corresponde a todas las fuerzas políticas catalanas ofrecer esta serena madurez con una posición consensuada, como se hizo en 1978, comenzando por el tripartito, que debería ofrecer una voz armónica y sin estridencias, y continuar invitando a CiU a abandonar las tentaciones de catecúmeno de la oposición y a dejar de exigir lo que no fue capaz de conseguir durante sus 23 años de gobierno, y aprovechando un PP catalán que no se distingue precisamente por su intransigencia demagógica.

El próximo día 11 habrá una nueva reunión de nuestros líderes en el Parlament. No estaría de más que se dedicaran unos minutos a reflexionar si no habremos hecho alguna cosa mal, porque la experiencia política nos enseña que, además de tener la verdad, hay que tener la razón.