El juez pide a EE UU interrogar a tres militares del carro de combate que mató al cámara José Couso

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido cursar una comisión rogatoria a Estados Unidos para poder interrogar a tres de los militares responsables del disparo realizado por un carro de combate norteamericano contra el Hotel Palestina, de Bagdad, el 8 de marzo de 2003, que causó la muerte del cámara de Tele 5 José Couso y del periodista de Reuters Taras Protsyuk.

El magistrado ha accedido a la petición formulada por el abogado Leopoldo Torres Boursault, que representa a la viuda y una hermana de Couso, como acusación particular, y a la asociación Reporteros sin Fronteras, como acción popular.

En la providencia dictada ayer, el magistrado accede a solicitar al fiscal general de EE UU poder interrogar "en calidad de imputados y con asistencia letrada, al sargento Thomas Gibson, al capitán Philip Wolford y al teniente coronel Philip de Camp, todos ellos militares del ejército estadounidense por su participación en los hechos investigados en este proceso penal".

La querella presentada por Torres estima que los tres militares pueden haber incurrido en un delito contra la comunidad internacional, castigado con una pena de 10 a 15 años de prisión, y un delito de asesinato, penado con entre 15 y 20 años de cárcel.

Un portavoz del Pentágono declaró a la agencia Europa Press que el Departamento de Defensa se reserva el derecho a responder "apropiadamente" a la comisión rogatoria cursada por el juez. Otro funcionario del Departamento de Estado dijo a Reuters que "hará frío en el infierno" antes de que los militares estadounidenses sean interrogados en España.

El sargento Gibson, que disparó el obús que impactó en el Hotel Palestina, dijo que había advertido que alguien les vigilaba con unos prismáticos desde el hotel en el que se alojaban los periodistas y que solicitó autorización para disparar. El capitán Wolford, jefe de la unidad del carro de combate, consultó con el teniente coronel De Camp, quien autorizó el disparo. De Camp declaró a Los Angeles Times que no tuvo más remedio que autorizar los disparos pues sus hombres estaban siendo atacados.

El presidente George Bush ya dijo el 7 de mayo de 2003 que las guerras son peligrosas, pero que a nadie se le ocurriría matar intencionadamente a un periodista. El 6 de noviembre de 2004, el Pentágono dictaminó que no hubo "falta ni negligencia" de los soldados norteamericanos y concluyó que su actuación fue adecuada.

La justicia americana, a pesar de estar obligada por el Tratado de Asistencia Mutua, no ha colaborado en este caso. El juez solicitó en abril de 2004 a los departamentos de Justicia, Defensa y de Estado de EE UU que aportasen la documentación que tuviesen sobre el caso. También reclamó que le informasen sobre si se hubiera abierto algún procedimiento judicial, administrativo o disciplinario en EE UU o Irak sobre el asunto.

Ante la falta de contestación, el juzgado reiteró posteriormente la petición, pero hasta ahora no ha habido respuesta.