¿Quién incumple el Pacto Antiterrorista?

La manifestación convocada el pasado sábado en Madrid por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y hecha suya por el PP cubrió las expectativas de sus promotores; no será fácil, en cambio, escucharles argumentos congruentes capaces de justificar una iniciativa que ha roto la unidad entre las víctimas (divididas en torno a la oportunidad de la convocatoria) y ha sido soezmente patrimonializada por un partido. La consigna de la pancarta de la AVT que abría la marcha descansaba sobre un intencionado equívoco terminológico: "Por ellos, por todos, negociación en mi nombre, ¡no!". Pero la resolución del Congreso -objeto de la protesta- no incluía ni esa palabra, ni ese concepto; al tiempo, el Gobierno niega la existencia de cualquier proceso de diálogo (el término utilizado por la moción de la Cámara) a fin de que ETA deje las armas. Los manifestantes, así pues, se echaron a la calle para criticar una decisión imaginaria del Gobierno; al igual que hicieron el pasado enero con el fin de impedir la supuesta excarcelación irregular de terroristas condenados.

¿Cómo explicar ese engañoso y abusivo deslizamiento desde el eventual final dialogado de la violencia "entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia" (ofrecido por la resolución del Congreso) hasta la supuesta negociación en curso con ETA (denunciada por la AVT y el PP)? La imprecisión de algunos pronunciamientos del presidente Zapatero tal vez haya abierto un espacio de ambigüedad a las sospechas honradas. Pero las premisas implícitas y los juicios de intención utilizados como estribo por los portavoces populares para dar su salto circense desde las dudas razonables hasta las conclusiones maliciosas no pueden beneficiarse de la presunción de buena fe a que tienen derecho las víctimas. La macabra costumbre de utilizar la memoria de los muertos con objetivos políticos se inició durante el mandato de Aznar: la actual estrategia del PP para dividir a las víctimas y secuestrar la cúpula de sus organizaciones con fines partidistas resulta moralmente obscena y políticamente nauseabunda.

Con el calculado y manipulador patrocinio de la manifestación del sábado, el PP ha roto en mil trizas el Pacto Antiterrorista firmado en diciembre de 2000 con el PSOE y sustentado sobre los dos pivotes básicos del primer punto de su texto. De un lado, ambas formaciones aceptan que "el terrorismo es un problema de Estado" y que corresponde "al Gobierno de España" dirigir el combate contra ETA en colaboración con "todos los partidos políticos democráticos", estén en el poder o en la oposición; de otro, populares y socialistas adquieren el compromiso formal de "eliminar del ámbito de la legítima confrontación política y electoral entre nuestros dos partidos" cualquier polémica pública, confiando la solución de los eventuales desacuerdos a una "comisión de seguimiento" (declarada en cuarentena por el PP hasta que el Gobierno pida al Supremo la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas). Mientras permanecieron en el poder, los populares exigieron a los socialistas el estricto cumplimiento de esas cláusulas; el olvido de tales obligaciones nada más pasar a la oposición es algo más que el descaro de los ventajistas cuando modifican a su conveniencia las reglas del juego.

El PP ha tomado la demagógica decisión de situar en el centro de la agenda pública la confrontación con la política antiterrorista del Gobierno sin pararse en barras a la hora de mentir y tergiversar. Los populares culminan así la desleal escalada de deslegitimación de las instituciones democráticas iniciada con la fabulada interpretación del 11-M: el PSOE habría obtenido la victoria gracias a un atentado terrorista cuya "autoría intelectual" correspondería a ETA y del que serían cómplices o encubridores los socialistas. Con la oferta de final dialogado de la violencia, Zapatero pagaría ahora a sus muñidores el precio político correspondiente. A la malicia siempre le cuadran las cuentas: si la banda siguiera asesinando, la culpa sería del Congreso por haber creado falsas expectativas de paz; pero si se abriese un compás de espera, el PP esgrimiría la eventual tregua como prueba irrefutable de la capitulación del Gobierno ante el terror y de su traición a los muertos.