Uragua reclamará en Uruguay 14 millones de euros en los tribunales

La empresa vasca Uragua y el Gobierno uruguayo comparecerán en los tribunales del país sudamericano el próximo 28 de junio por la controversia sobre la concesión de los servicios de abastecimiento y saneamiento. Uragua reclama una indemnización de 14 millones por la rescisión del servicio que presta desde hace cinco años, tras una reforma de la Constitución uruguaya, mientras que el Gobierno aduce incumplimiento del contrato y plantea una multa.

Ambas partes han sido llamadas a un acto de conciliación, el paso previo a la formulación de una denuncia anunciada por Uragua, participada por la eléctrica Iberdrola (49% del capital), la BBK (25%), la SPRI, sociedad de promoción industrial del Gobierno vasco (13%) y el Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia (13%).

La aventura americana del consorcio de empresas vascas empezó en 2000, cuando ganó el concurso internacional para encargarse del saneamiento y abastecimiento de agua de las zonas más turísticas de Uruguay: Punta del Este, Maldonado y Piriápolis, donde residen cerca de 375.000 personas. La concesión fue por 30 años y suponía un pago anual al Gobierno uruguayo de un canon que ascendía a más de medio millón de euros.

Crisis económica

El negocio, con buenas perspectivas iniciales, empezó a complicarse en 2002 con la crisis económica del país sudamericano y la devaluación d su moneda. Este hecho fue determinante porque la empresa vasca cobraba a sus abonados en pesos uruguayos pero pagaba al Gobierno en dólares. En 2003, Uragua empezó a buscar la venta de la concesión, ya que una rescisión unilateral le obligaba al pago de una penalización de 20 millones de euros. El panorama parecía aclararse para Uragua cuando en octubre se aprobó un referéndum en Uruguay que establecía que servicios esenciales como el suministro de agua no pueden ser gestionados por la iniciativa privada. Con ello, se abría una salida menos problemática que la venta, que no había fructificado hasta entonces.

Pero el Gobierno uruguayo se ha negado a la rescisión al argumentar que el referéndum no tiene carácter retroactivo. La empresa vasca, que sigue prestando el servicio, ha pedido una indemnización de 14 millones de euros y ha anunciado una demanda judicial. El Ejecutivo sudamericano no sólo niega este pago sino que ha amenazado con multar a Uragua. Se basa en un informe de su administración que ha detectado incumplimientos en el contrato sobre la ejecución de obras de saneamiento por parte del consorcio vasco. Asegura que desde 2002 no ha ejecutado las obras de infraestructura previstas en la concesión. El acto de conciliación de finales de este mes no tiene perspectivas de éxito por las posturas de ambas partes y la incógnita es si Uragua deberá seguir prestando el servicio de agua.