Consumidores abandonados

Leo que la Federación de Consumidores en Acción (Facua) ha denunciado en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria a las principales compañías de telecomunicaciones por carecer de teléfonos gratuitos para atender quejas, reclamaciones o incidencias de sus clientes.

Al parecer, según la ley, estas entidades están obligadas a ello. Como uno de los muchos afectados por problemas en la contratación de servicios de teléfono e Internet, me pregunto por qué son siempre los consumidores quienes tienen que emplear su tiempo para que las compañías cumplan con sus obligaciones legales. ¿No es eso tarea de la Administración y, concretamente, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)?

En la web de este organismo se señala, entre sus objetivos, "el establecimiento y supervisión de las obligaciones específicas que hayan de cumplir los operadores en los mercados de telecomunicaciones".

Por otra parte, la Comisión Europea también hace especial hincapié en la necesidad de que la Administración pública se implique en garantizar la calidad de los servicios de telecomunicaciones a través de la directiva 2002/22/EC sobre "servicio universal y derechos de los usuarios".

¿Estaré leyendo mal o será que no sólo los operadores de telecomunicación infringen la ley, sino que, además, las administraciones se inhiben de su obligación de hacerla cumplir.