Pontevedra quiere recuperar el buen olor

En Pontevedra a menudo huele como a podrido, según la dirección en que sople el viento. Es el síntoma más evidente de la contaminación que desde hace décadas genera la factoría de la Empresa Nacional de Celulosas (Ence). Numerosos estudios realizados desde la década de los setenta certifican que los fondos de la ría acumulan a su vez residuos organoclorados de mercurio y de otros derivados químicos vertidos por la misma fábrica. La Audiencia Provincial corroboró esos resultados en una sentencia que condenó a la dirección de la empresa, en 2002, por delito ecológico continuado.

No está demostrada, sin embargo, la incidencia de esa contaminación sobre la salud pública local, aunque los compuestos químicos y orgánicos detectados en la ría son aducidos en otros contextos como factores cancerígenos, de alergias o de deficiencias respiratorias. "No es por alarmar, pero ¿por qué no iban a serlo en Pontevedra?", se pregunta Antón Masa, presidente de la Asociación por la Defensa de la Ría, que abandera desde hace 20 años la lucha contra Ence. La desaparición en un incendio de los archivos sanitarios de media provincia, el año pasado, ataja mayores seguimientos a través de las historias clínicas de la población. "Pero hoy también hay que hablar de aseo ambiental, de calidad de vida, de economía sostenible, y todo apunta contra Ence", añade Masa.

CC OO, UGT y el PP están a favor de la permanencia de la factoría

"Nuestro primer fundamento es jurídico", señala el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), que ganó las últimas elecciones en buena medida por su compromiso de erradicar Ence. "Lo queremos casi todos y lo dice la ley: cumplámosla".

Se refiere, fundamentalmente, a la Ley de Costas aprobada por el Parlamento español en 1988. Entonces se dio un plazo de 30 años para revertir a dominio público y desalojar del litoral las industrias que lo degradaban. A Ence le quedarían menos de 13 años para cumplir esa norma, de igual modo que han hecho otras industrias en ciudades como Bilbao, Barcelona o Valencia. Pero en Pontevedra no se ve mayor voluntad. "Ni me lo he planteado", respondía escuetamente a los periodistas, esta misma semana, José Luis Méndez, presidente de Ence y director general de Caixa Galicia, accionista mayoritaria de la empresa. Ni él ni ningún directivo aceptó comentar la situación para este periódico.

"Nosotros no pretendemos el cierre de Ence, sino llegar, a través del diálogo, a un traslado consensuado", precisa Fernández Lores. "Tenemos un modelo de ciudad que pasa por el objetivo primordial de recuperar la ría. Con eso propiciaríamos un desarrollo sostenible en dos sentidos: del potencial marisquero, limitado por los vertidos contaminantes, y del potencial turístico de la ciudad, como centro de las Rías Baixas".

Ni el alcalde ni nadie entre los contestatarios cuestiona la continuidad de las otras dos empresas del grupo, Norfor (explotación silvícola) y Eucalipto de Pontevedra (fabricación de contrachapados). El traslado de Ence no tendría que afectar a su actividad. Aunque tampoco es para lanzar cohetes los beneficios que se derivan para los productores forestales. "Tienen que competir con los precios de Uruguay y la cotización del eucalipto ha caído", señala el alcalde.

A Fernández Lores no le importa adónde pueda trasladarse la factoría. "No es mi problema ni mi competencia. Ence tendrá que cumplir la ley como el resto de las empresas. Lo saben desde 1988 y estamos a tiempo de organizarlo". No parece fácil. Surgen extraños compañeros de cama.

CC OO y la Federación de Industrias Afines de UGT, con el apoyo del PP, asociaciones empresariales y de la Cámara de Comercio promovieron el pasado 18 de marzo una manifestación a favor de la permanencia de Ence. "Porque estamos convencidos de que el traslado no es posible", dice Xaime López Colpe, secretario de Acción Sindical de CC OO. El mantenimiento de la factoría debería complementarse, según este sindicato, con la construcción de una fábrica de papel, que cerraría el ciclo industrial en la ría y permitiría crear 90 empleos directos y más 270 indirectos. La empresa estadounidense Georgia Pacific hizo una propuesta en ese sentido, pero el ayuntamiento le negó las licencias. "Nosotros movilizamos a 20.000 personas. A ver las que consiguen ellos", retó el sindicalista a la convocatoria de ayer, convocada por más de un centenar de organizaciones locales. "Todo el mundo será libre de acudir o no", respondió el alcalde.