Desbloqueo territorial

CON INDEPENDENCIA de su valor intrínseco, el acuerdo alcanzado por el PP y el PSOE de la Comunidad Valenciana para reformar su estatuto tiene el mérito añadido de sacar del estancamiento el debate pendiente sobre los reajustes de la distribución territorial del poder en el Estado de las autonomías a los 25 años de su creación. Los zelotes de la ortodoxia aznarista no sólo se negaban a discutir siquiera la posibilidad de negociar una revisión parcial de la Constitución, sino que ampliaban las fronteras de ese tabú irracional a fin de incluir también cualquier modificación estatutaria. El acuerdo alcanzado en Valencia el pasado 24 de mayo prueba que los populares han abandonado ya esas trincheras defensivas; el ambicioso proyecto de reforma -que será votado por el Parlamento autonómico el 1 de julio- cubre puntos tan delicados como la creación de un servicio tributario propio (concertado con la agencia estatal), la ampliación de las competencias del Tribunal Superior de Justicia (una vez revisada la ley del Poder Judicial) y la participación de las instituciones de autogobierno en las negociaciones europeas (cuando afecten a sus competencias). La alegre incorporación del presidente popular de Baleares, Jaume Matas, a la subasta al alza del monto de la financiación autonómica -el Gobierno tripartito catalán abrió la puja hace algunas semanas- parece confirmar la irreversibilidad del viraje territorial del PP.

Populares y socialistas acuerdan en Valencia una reforma estatutaria que afecta al sistema de recaudación tributaria y a la ampliación de las competencias del Tribunal Superior de Justicia

La concertación entre los grandes partidos de ámbito estatal cerró el mapa autonómico en 1981 y reguló en 1992 las competencias de las comunidades de la vía lenta. Esos entendimientos deberían seguramente incluir el compromiso de no utilizar por motivos electoralistas el único gran problema pendiente: el desencuentro entre las comunidades que justifican las singularidades políticas de sus estatutos en función de sus hechos diferenciales históricos, lingüísticos o culturales, por una parte, y las autonomías agraviadas que interpretan esas ventajas competenciales y simbólicas como abusivos privilegios, por otra. No se trata de que las cúpulas partidistas dicten desde arriba a sus organizaciones regionales la línea a seguir; un mínimo acuerdo entre las direcciones del PSOE y del PP sería la condición necesaria -aunque no suficiente- para desactivar la amenza de un devastador incendio.

La hegemonía electoral del mundo nacionalista ha mantenido siempre al País Vasco al margen del potencial integrador de las concertaciones entre PSOE y PP de alcance territorial; la influencia sobre el socialismo maragalliano de las tendencias cercanas o semejantes al nacionalismo y la débil presencia de los populares en el Parlamento de Barcelona también marginan a Cataluña de los entendimientos bipartidistas. Ahora bien, la estrategia planeada por la Generalitat de entablar una negociación bilateral con la Administración central a espaldas de las restantes autonomías, a fin de conseguir un estatus propio inaccesible a las demás comunidades, pondría probablemente en marcha una espiral de consecuencias no deseadas y de efectos perversos en los territorios -gobernados por el PSOE o por el PP- que se sintieran discriminados por esa pretensión.

La colaboración entre socialistas y populares resulta indispensable para reformar la Constitución: el PP guarda en la faltriquera la llave de la mayoría cualificada de 3/5 requerida en las Cortes para esa reforma. Sin embargo, para la modificación de los estatutos basta con la mayoría absoluta de las Cámaras; el PSOE puede prescindir del apoyo del PP no sólo en las Cortes, sino también en las asambleas autonómicas donde los populares sean minoritarios. El PP exige al PSOE un doble consenso -en ambos parlamentos- para cualquier reforma estatutaria y esgrime como arma disuasoria su capacidad de bloqueo de la reforma constitucional. Tras la reunión del 14 de enero entre Zapatero y Rajoy, la vicepresidenta del Gobierno afirmó que ese doble consenso le parecía absolutamente conveniente; aunque la expresión se preste a ser utilizada por el PP como un feo instrumento de chantaje, cabría interpretarla como un eufemismo de políticamente necesario.