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El Congreso aprueba la ampliación del número de televisiones privadas

La Cámara baja rechaza las enmiendas del PP que habían sido respaldadas por el Senado

Rosario G. Gómez

El Congreso de los Diputados dio ayer luz verde a la posible concesión de nuevos canales de televisión en sistema analógico, que se unirían a los ya existentes (Antena 3, Tele 5 y Canal +) después de que el Pleno de la Cámara baja suprimiera el límite de tres canales establecido en la Ley de Televisión Privada de 1988. La mayoría de los grupos echaron abajo una enmienda del PP aprobada hace una semana en el Senado con el apoyo de CiU para que se mantuviera tal restricción. También se rechazó el adelanto del llamado apagón analógico a 2008, tal y como habían propugnado los populares.

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El plan técnico será la clave para repartir las frecuencias

La denominada Ley de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo es la primera gran reforma del sector audiovisual, aquejado de una caótica regulación normativa. Pone las bases de la televisión del futuro con un paquete de actuaciones orientadas a ampliar la oferta de canales de televisión y abre el paso al tránsito efectivo del modelo analógico (el que utilizan las televisiones convencionales) al digital, lo que permitirá una mejora en la calidad de la imagen y servicios interactivos.

Además de permitir el nacimiento de nuevas cadenas analógicas, la ley fomenta la competencia en la televisión y la radio por cable, otorga a las comunidades autónomas un mayor peso en el horizonte digital y regula las televisiones locales. También establece límites claros a la concentración de emisoras de radio.

El PSOE y sus socios del Gobierno respaldaron los puntos fundamentales de la ley y rechazaron las enmiendas más polémicas aprobadas en el Senado. PP y CiU mantuvieron el veto a la ampliación de canales analógicos, aunque en el Pleno del Congreso perdieron la votación por 157 votos a favor, 174 en contra (PSOE, ERC, IU-ICV y José Antonio Labordeta, del Grupo Mixto) y nueve abstenciones (PNV y parte del Mixto). Coalición Canaria no participó en el debate.

Tampoco el PP consiguió salvar la enmienda aprobada en el Senado para suprimir el artículo que prohibe a una misma persona física o jurídica controlar más del 50% de las frecuencias de radio en un ámbito de cobertura, con un tope máximo de cinco. En este caso, el PP se quedó solo y perdió la votación por 147 frente a 192.

Igualmente, el PP y CiU fracasaron en su propósito de situar el apagón analógico en 2008, dos años antes de lo previsto por el Gobierno y cuatro respecto al calendario marcado por el anterior Ejecutivo del PP.

Por amplia mayoría (340 votos a favor y una abstención), se aprobó un nuevo artículo para que las comunidades autónomas cuenten con un segundo canal múltiple (con capacidad para cuatro programas) cuando se produzca el "cese efectivo" de las emisiones analógicas en sus territorios. También hubo gran respaldo para eliminar una enmienda transaccional procedente del Senado e impulsada por CiU que primaba, a la hora de conceder las televisiones locales, la experiencia demostrada en este sector por las compañías operadoras de canales locales.

"El PSOE ha intentado arreglar los errores del pasado" y superar "el fracaso" del anterior Ejecutivo, explicó el portavoz socialista, Óscar López, durante el debate parlamentario. Agregó que esta ley ha incorporado "la gran mayoría" de las enmiendas presentadas (casi un centenar en el Congreso y 27 en el Senado).

López acusó a los populares de "ralentizar, torpedear y hacer fracasar la ley" y de recurrir a "la mentira como forma de hacer política". Subrayó que las medidas adoptadas son una respuesta a las demandas de los espectadores, anunciantes, fabricantes de equipos de electrónica y del sector radiofónico.

La portavoz del PP, Macarena Montesinos, dijo no encontrar motivos que justificaran la "prisa" por sacar adelante un texto que, en su opinión, responde a "finalidades opacas y bondades inconfesables" y tiene como objetivo "beneficiar a los amigos".

El diputado de CiU Jordi Vilajoana consideró un "contrasentido" impulsar la TDT y al mismo tiempo abrir el paso a nuevos canales analógicos y pidió que las televisiones públicas (estatal y autonómicas) lideren el tránsito a la tecnología digital. Desde ERC, Joan Puig se opuso a las enmiendas del Senado porque "contaminan la ley", apoyó la televisión local como una "televisión de proximidad" y defendió el impulso del plurilingüismo como una de las ventajas de la TDT. José Ramón Beloki (PNV) confió en que la nueva ley general audiovisual sea el instrumento para el desarrollo de la sociedad digital.

El ministro de Industria, José Montilla (derecha), con el diputado de ERC Joan Tardà, ayer, en el Congreso.
El ministro de Industria, José Montilla (derecha), con el diputado de ERC Joan Tardà, ayer, en el Congreso.EFE

PRIVADAS. Más canales en tecnología analógica

La ley permitirá la adjudicación de nuevos canales privados en tecnología analógica, la que utilizan Antena 3, Tele 5 y Canal +. El número de licencias, que se concederían tras un concurso público, dependerá de las posibilidades técnicas. El ministerio de Industria asegura que hay estudios de mercado que indican que España "está en condiciones de aceptar operadores adicionales". La ley autoriza a los accionistas de una cadena privada a permanecer en el capital de una televisión digital de ámbito estatal hasta el fin del periodo analógico. También liberaliza las emisiones de televisión y de radio a través del cable como fórmula para incentivar la competencia.

LOCALES. El plazo para la adjudicación se amplía a diciembre

El plazo para la adjudicación de las televisiones locales se amplía y pasa del 4 de agosto al 31 de diciembre. Las concesiones (por un periodo de 10 años renovables) son competencia de las comunidades autónomas. Los ayuntamientos podrán gestionar en cada demarcación al menos uno de los programas de los cuatro que configuran un canal digital. A la hora de conceder las nuevos licencias se tendrá en cuenta la experiencia demostrada en "televisión local de proximidad". Hasta el 1 de enero de 2008 podrán emitir en analógico. Las empresas que no consigan licencia dejarán de emitir en un plazo de seis meses desde la resolución de los concursos.

AUTONÓMICAS. Las comunidades dispondrán de dos canales múltiples

Con el respaldo de todos los grupos, el Senado introdujo una enmienda transaccional para que las Comunidades Autónomas puedan disponer de dos canales múltiples digitales (ocho programas en total) en el momento en el que se produzca el apagón analógico (2010). El plan técnico reservará ese segundo canal teniendo en cuenta los Estatutos de autonomía, según este nuevo artículo, que no aparecía en el proyecto de ley del Gobierno. Las comunidades decidirán si los adjudican a los operadores públicos o a la iniciativa privada. El diputado de CiU, Jordi Vilajoana, apostó por dejar en manos del servicio público este canal extra.

INFRAESTRUCTURAS. Equipamientos tecnológicos en los edificios

Un nuevo artículo establece que los edificios deberán cumplir una serie de requisitos sobre infraestructuras comunes para favorecer el acceso de los servicios de telecomunicaciones. Deberán facilitar, como mínimo, la captación y la adaptación de las señales de radio y televisión terrestre, tanto analógicas como digitales o por satélite, y su distribución hasta los puntos de conexión situados en las viviendas o locales del edificio. También proporcionarán acceso al servicio telefónico básico y de telecomunicaciones por cable. Los edificios de nueva construcción no recibirán licencia si no incluyen estas infraestructuras.

RADIO. Límites a la concentración de emisoras

La ley establece límites a la concentración de emisoras de radio, de manera que una persona física o jurídica no podrá controlar directa o indirectamente más del 50% de las concesiones que coincidan sustancialmente en su ámbito de cobertura. En todo caso, estará prohibido controlar más de cinco concesiones en el mismo territorio. En una comunidad autónoma, el límite es del 40%. Cuando la cobertura alcance total o parcialmente el conjunto del Estado, el máximo será de un tercio. Las empresas de radio o de televisión que emitan sin la correspondiente licencia serán sancionadas con una multa de entre 60.000 y un millón de euros.

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