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La Generalitat denuncia presiones de cargos de CiU a la juez de Berga

La participación de cargos electos en las concentraciones ante los juzgados de Berga (Barcelona) para pedir justicia tras la violenta muerte del joven Josep Maria Isanta el pasado fin de semana ha levantado ampollas en el Gobierno catalán. La consejera de Interior, Montserrat Tura, criticó ayer estas manifestaciones y, pese a mostrarse comprensiva con los ciudadanos que las protagonizaron, fue tajante al condenar la participación en ellas de algunos cargos públicos de Convergència i Unió (CiU). Para Tura, tales manifestaciones sólo se entienden como un intento de "presionar" a la juez del caso.

En opinión de la consejera, "nadie debería ir, mientras se toma declaración a los acusados, a condicionar la decisión de la justicia, a la que se considera neutral", y, "de manera muy especial, no deberían hacerlo aquellos que tienen atribuidas responsabilidades institucionales". La consejera censuraba de esta manera la situación vivida días atrás, cuando la juez tomó declaración a los detenidos con centenares de personas concentradas en el exterior de la comisaría de los Mossos d'Esquadra exigiendo su encarcelamiento.

Las palabras de Tura, según confirmó minutos más tarde, iban dirigidas a la presidenta del consejo comarcal del Berguedà, Montserrat Ribera (CiU), y al ex alcalde de Berga, el nacionalista Josep Maria Badia. En opinión de la consejera, las concentraciones en las que participaron ambos son "inadecuadas" para lograr la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Berga celebró anoche un pleno extraordinario en el que aprobó por unanimidad reclamar más agentes de los Mossos d'Esquadra para la población y la comarca, así como reformas legales para endurecer la reincidencia cuando se produzcan faltas y rebajar la edad penal de los 18 a los 16 años.

El Ayuntamiento también reclama poder facilitar la ejecución de medidas cautelares de alejamiento para los detenidos puestos en libertad con cargos, al entender que "su sola presencia en la calle es una provocación gratuita y perturba la convivencia".

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