El PSOE de Almería y de El Ejido denuncian "fraude de ley" y "pelotazo urbanístico" en esos municipios

El concejal socialista del Ayuntamiento de Almería, Juan Carlos Usero, denunció ayer "evidencias documentadas de un probable fraude de ley en la adjudicación de obras municipales" por valor de 700.000 euros a distintas empresas cuyo representante es el concejal y portavoz del PP de Tíjola (Almería), José Juan Martínez Pérez. Prácticamente a la misma hora, en El Ejido se producía la denuncia del portavoz socialista ejidense, Manuel García Quero, de un posible "pelotazo urbanístico" en Almerimar con la construcción de edificios "que no cumplían con los requisitos municipales". El alcalde de El Ejido, Juan Enciso, respondió a la denuncia con un aviso de acudir a los tribunales para interponerles "una denuncia por mentir".

Según explicó Usero, el área de Salud y Consumo que dirige la edil del PP, Rosario Soto, se dirigió a varias empresas para que presentaran presupuestos de obra para las nuevas dependencias municipales en el Paseo de Almería y para que acometieran la reforma del mercado municipal de Los Ángeles, todo ello por procedimiento negociado y sin concurso público. Según el socialista, las empresas invitadas a presentar oferta son Tagilis S.L., Crimar Tíjola S.L., y Juyma S.L., todas ellas del municipio almeriense de Tíjola y con José Juan Martínez Pérez como representante. Usero manifestó que su denuncia se basa en la documentación que la concejala Soto les remitió después de que el PSOE la solicitara. "Intuíamos irregularidades en estas adjudicaciones", dijo Usero. Además recordó que hace unos días su grupo ya denunció el "fraccionamiento de facturas para evitar sobrepasar el límite legal que obliga a un concurso público" y que a ello hay que sumar ahora "la selección directa de un contratista que, casualmente, es un responsable local del PP". "Creemos que estamos ante un supuesto de tráfico de influencias que exige la aclaración correspondiente", manifestó Usero.

Por su parte, la concejal Rosario Soto negó irregularidades y dijo que "todos los expedientes se ajustan a la legalidad vigente y en cada caso se ha elegido a la mejor empresa, sin preguntar la afiliación política de sus titulares".