Gallardón reclama a Zapatero el mismo trato que Barcelona

Tras hacerse público el acuerdo alcanzado el lunes por el Gobierno central y el Ayuntamiento de Barcelona, ambos del PSOE, sobre el proyecto de Carta Municipal para la capital catalana, el gobierno municipal de Madrid, presidido por Alberto Ruiz-Gallardón (PP), se apresuró a subrayar ayer que espera del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero el mismo trato que dé a Barcelona. El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, se puso ayer mismo en contacto con Ruiz-Gallardón para fijar una próxima cita en la que explicarle el contenido de la Carta de Barcelona y, a la vez, establecer un calendario para negociar la Ley Especial de Madrid.

Esa Carta Municipal que el Congreso aprobará previsiblemente antes de fin de año supone la cesión a Barcelona de ciertas competencias y, sobre todo, más dinero. Lo mismo que reclama Madrid. Eso sí, desde el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón se recuerda que en Madrid viven el doble de personas que en Barcelona, y que las transferencias económicas deberán tener en cuenta ese dato. "No pedimos más que Barcelona, pedimos exactamente lo mismo: el equivalente en función de la población", señaló el concejal de Hacienda, Juan Bravo.

El ministro Sevilla ha puesto como condición para tramitar la Ley Especial que Ayuntamiento y Comunidad de Madrid se pongan primero de acuerdo en un borrador. Bravo asegura que ese acuerdo estará listo "en días".Aunque el contenido exacto de la Carta de Barcelona acordada entre ese Ayuntamiento y el Ministerio de Administraciones Públicas no ha trascendido aún, sí parece claro que la principal reclamación del alcalde socialista Joan Clos -la misma que planteaba Gallardón para Madrid- ha caído en saco roto: ambos ayuntamientos pretendían que el Ejecutivo central les cediese el 10% del dinero recaudado por IRPF en la ciudad; el 15% del IVA y el 20% de los impuestos especiales. En la actualidad reciben entre el 1,5% y el 2% de cada uno de esos impuestos.

En lugar de eso, a lo máximo a lo que ha accedido el ministerio es a que el aumento de financiación para Barcelona se produzca a través de unas subvenciones fijas que el Ejecutivo le transferiría cada año. Con ese dinero, que fuentes de la comisión técnica negociadora cifraron en unos 60 millones anuales (la mitad de lo que pedía Clos a través de impuestos) Barcelona tendría que cubrir los gastos extras en los que incurre por su condición de capital, que atiende, además de a su millón y medio de habitantes, a otros tantos de la corona metropolitana.

"Vamos a pedir lo mismo"

El concejal de Hacienda de Madrid, Juan Bravo, subrayó que no conoce aún el texto pactado entre Clos y el ministro Sevilla, pero adelantó que, si el aumento de financiación para Barcelona se calcula en función de la población a la que atiende, Madrid hará valer que es la ciudad más poblada de España. "No vamos a pedir más que Barcelona, sino exactamente lo mismo. Pero si Barcelona tiene un millón de habitantes y otros tantos en su área de influencia, Madrid tiene tres millones en la ciudad y más de 2,5 millones en los municipios del entorno, muchos de los cuales acuden a Madrid a diario. Si la población es el doble, el dinero tendría que ser también el doble", señala Bravo.

Cuando elaboró el borrador de Ley Especial para Madrid, hace casi un año, el concejal madrileño calculó en 360 millones el mínimo de ingresos de más que la ciudad tendría que percibir del Gobierno central para cubrir tres tipos de gastos extra: los de capitalidad (Madrid es escenario de huelgas, ferias y eventos de relevancia y alcance nacional, que le suponen un gasto extra en limpieza, regulación del tráfico o seguridad), centralidad (la ciudad atiende a muchos ciudadanos que viven en municipios limítrofes) y suplencia (la prestación de servicios que no son competencia del Ayuntamiento pero que, de hecho, realiza, como la atención a inmigrantes).

En cuanto a la cesión de competencias, el equipo de Gallardón reclamaba básicamente lo mismo que Barcelona -principalmente, competencias menores en materia de seguridad ciudadana y vial- y aceptará lo que a Barcelona se le haya concedido.

Pero Bravo sí quiso subrayar que los plazos deben ser paralelos: "El presidente Zapatero se comprometió en el Senado a que la Carta de Barcelona y la Ley Especial de Madrid se tramitarían en paralelo. Yo confío en su palabra", dijo ayer el edil. Gallardón necesita ese aumento de financiación que supondría la Ley Especial para cumplir su promesa de no subir los impuestos (IBI, vehículos y plusvalías) en lo que queda de legislatura.

El ministro Jordi Sevilla ha puesto como condición para empezar a negociar que el alcalde y la presidenta regional, Esperanza Aguirre, se pongan de acuerdo en un borrador previo.

El edil de Hacienda asegura que ese borrador estará cerrado "en breve", tras los cambios en algunos puntos ya acordados hace semanas para superar las reticencias de Aguirre, que temía que Gallardón quisiera restarle competencias. Lo que no acepta Bravo es que también sea imprescindible el consenso previo con los grupos de oposición en el Ayuntamiento, PSOE e IU.