Dos modelos territoriales enfrentados

Detrás de los 25 años de polémica sobre la Carta Municipal de Barcelona hay dos concepciones de Cataluña o, si no se quiere ser tan ampuloso, de la organización territorial de Cataluña. La izquierda en general y los socialistas en particular defienden una Cataluña ciudad, predominantemente urbana, en la que el hecho metropolitano es innegable, ejerza o no de contrapoder autonómico. Frente a esta concepción, la convergente: una Cataluña fragmentada y comarcalista.

Por esa concepción, las leyes territoriales impuestas por CiU cuando tenía mayoría parlamentaria suprimieron la Corporación Metropolitana de Barcelona (CMB) e impusieron una organización territorial basada en la agrupación comarcal sacada de los libros de historia.

CiU, con su presidente que lo era también del Gobierno catalán, Jordi Pujol, veía en la CMB un contrapoder ejercido por la izquierda mayoritaria en la Cataluña industrial y urbana, con 4,5 millones de habitantes.

Eso mismo lo veían también los socialistas y el actual presidente autonómico y entonces alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall.

Las disensiones de los años que van de 1988 hasta 1996 tienen que ver directamente con los intentos nada disimulados de Pasqual Maragall de reintroducir la organización metropolitana suprimida por CiU desde el Parlament. Los nacionalistas nunca estuvieron dispuestos a redibujar el mapa de Cataluña con esos criterios.

Además de las discrepancias sobre el modelo territorial, había un segundo motivo de enfrentamiento que fue especialmente relevante una vez la Carta Municipal fue aprobada por el Parlament y entró en vigor en sus aspectos catalanes.

La Carta preveía el traspaso al municipio, por la vía de los conciertos, de competencias en urbanismo, educación, vivienda y bienestar social. Competencias y dinero, porque sin lo segundo de poco sirve lo primero. Las chispas volvieron a saltar.

Pero sería injusto decir que era porque CiU practicaba el clientelismo con su política asistencial en estas materias. En realidad, volvían a contraponerse dos modelos de relación con el ciudadano: el Ayuntamiento de Barcelona, posiblemente porque le beneficia, defendía la política de proximidad. Que la atención al ciudadano la lleve a cabo la administración más cercana: la municipal.

CiU, en cambio, ha intentado siempre mantener una relación directa con la ciudadanía. En todos los órdenes, obviando a los ayuntamientos.

Una tendencia que se reproduce hoy con un gobierno autónomo de otro color: las oficinas de Bienestar Social tenían que haber sido transferidas a los ayuntamientos. Esta decisión lleva camino de prolongarse tanto como ha tardado en cuajar la Carta municipal.