Un favor, un voto

Dos carteros frustraron el fraude. Alarmados ante la burda manipulación de los sobres, rehusaron repartir el voto por correo en el municipio de San Cristovo de Cea (Ourense) e informaron a sus superiores, que contactaron con la Junta Electoral de Zona. Faltaban cuatro días para las elecciones municipales de 2003 y acababa el plazo del voto por correo, cuando la Junta Electoral de Zona anuló el proceso, ordenó que se repitiese y derivó a la Fiscalía el intento de fraude en esta localidad de 2.994 vecinos.

La semana pasada, ambos carteros corroboraron que los sobres evidenciaban una alteración chapucera, durante su declaración en el juzgado que investiga el caso. Los carteros afirmaron ante el juez que los documentos habían permanecido seis días en la oficina postal a pesar de que la legislación obliga a un inmediato reparto. El empleado de Correos que atiende la sucursal de Cea, Domingo Prieto, esquivó su comparecencia ante el juzgado con un parte de baja por enfermedad. Prieto es el único imputado porque ninguno de los 132 votantes citados para averiguar de quién partió el fraude ha apuntado hacia dirección alguna.

Ciertamente algunos de los votantes no habrían podido aclarar nada, como una religiosa destinada en África y varios emigrados que no pisan el pueblo desde hace décadas. El juez renunció a tomar declaración a 11 personas después de desplazarse a sus domicilios y comprobar que sufrían enfermedades invalidantes como el mal de Alzheimer. Otros también evidenciaron fallos notables de memoria al no recordar si habían rellenado el impreso para pedir el voto, quién les había llevado la documentación e incluso a qué partido votaron. La amnesia afectó asimismo a Francisco Daponte, un octogenario que antes de ir al juzgado había relatado a La Voz de Galicia una visita del alcalde, José Luis Valladares (PP), en vísperas electorales: "Nos dijo que era mejor que votáramos por correo, hice todo lo que ellos me dijeron. Adelaida [su cuñada] y yo pusimos el dedo y mi mujer, como sabe firmar, hizo una rúbrica".

A propósito del asunto, Valladares, al que este diario trató de entrevistar, sin éxito, aseguró que se sentía "totalmente tranquilo". "Al final no valió ninguno de esos votos ya que yo no los necesitaba", afirmó en 2004. Y así es. Su candidatura logró siete concejales y el Bloque Nacionalista Galego (BNG), la única fuerza que lograr arañar representación a los populares en el pueblo, dos. La mayoría absoluta de Valladares jamás había peligrado en esta localidad donde el 37% de los vecinos pasa de los 65 años.

"Es un sistema competitivo entre ellos, para poder demostrar su fuerza dentro del partido, su meta es lograr que no haya oposición", señala Xosé Manuel Quintela, edil nacionalista de San Cristovo. Pero Quintela, tras 20 años en la corporación, no se engaña: "La gente está con ellos, tienen un sistema montado, incluidos los presupuestos, para conseguir votos". La portavoz municipal del BNG, Mariña Arbor, describe el caldo de cultivo: "Es una sociedad acrítica con las necesidades básicas cubiertas".

Los derechos se gestionan como dádivas. "Que te adelanten una cita médica, te coloquen una farola, te envíen al asistente social, te gestionen una prestación o te den un empleo, todo lo proponen como un favor", lamenta Quintela. En la aldea la política se convierte en un tú a tú, un intercambio de detalles donde los votos y los silencios corresponden al ciudadano, como se evidenció en el hermetismo mostrado ante el juez sobre el fraude electoral.

El arte del favor es dominado con maestría por un político campechano y listo como José Luis Baltar, presidente de la Diputación de Ourense y del PP provincial que amenazó con escindir a los suyos, entre ellos su hijo José Manuel, del Grupo Popular en el Parlamento gallego. Baltar, de 64 años, pasa consulta en la Diputación orensana, donde trabajan familiares de casi todos los diputados provinciales, y es, literalmente, el músico de las fiestas y el consuelo de los entierros: toca el trombón en una charanga y se reparte con su hijo, número dos en la lista del PP por Ourense, los sepelios, claves en una provincia donde el 48% de sus 339.444 habitantes supera los 50 años.