El Gobierno dará más fondos a los agentes sociales para que hagan formación continua

El nuevo modelo de formación continua, la antigua Forcem, que prepara el Ministerio de Trabajo para el año que viene, otorgará más fondos a sindicatos y patronales en perjuicio del actual sistema de bonificaciones, que va directamente a las empresas. Pero no cederá por completo la gestión de dichos fondos a las comunidades autónomas, en contra de lo que vienen reclamando algunas de ellas, especialmente Cataluña y Galicia. El ministerio estima que las comunidades gestionarán alrededor de un tercio de toda la Forcem, que este año supera los 1.200 millones de euros.

La reforma de la formación continua (desde hace un año Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo), responde a dos motivos. El primero es proporcionar formación al máximo número posible de trabajadores, cosa que el actual sistema de bonificaciones no garantiza, según denuncian a la par el Gobierno y los sindicatos. El segundo es dar cumplimiento a varias sentencias del Tribunal Constitucional, que instan a incrementar los fondos que se deben transferir a las comunidades autónomas para que sean éstas quienes gestionen la antigua Forcem.

En su primer año, el Gobierno del PSOE ha introducido algunas pequeños retoques en el sistema. Pero globalmente, el modelo actual es herencia del llamado modelo Zaplana, que se aplica desde el 1 de enero de 2004. Sobre una base: un sistema de bonificaciones, hasta entonces inexistente, que reduce la cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas por formación a sus trabajadores.

El principal defecto, según coinciden en señalar el Ejecutivo actual y las centrales sindicales, es la dificultad para que las pequeñas y medianas empresas (pymes) apliquen el sistema de bonificaciones, puesto que la mayoría de ellas no tiene estructura propia para poder llevar a cabo acciones de formación.

Los resultados están a la vista: el nivel de ejecución de dichas deducciones ha sido muy limitado. El aprovechamiento en las empresas de menos de cinco trabajadores fue en 2004 del 1,82%; en las de menos de 10, del 5%, y en las de 10 a 50 empleados, del 11,6%. El nivel de ejecución aumenta hasta el 35,6% entre las empresas de 50 a 249 trabajadores y supera el 63% en las grandes compañías, de más de 250 empleados. En 2004, el Gobierno del PP reservó el 85% del presupuesto para formación continua para bonificaciones y, del resto, "sólo 1.000 euros" a acciones de formación continua gestionadas a través de las comunidades autónomas, denuncia el secretario general de Empleo, Valeriano Gómez. El entonces ministro de Trabajo Eduardo Zaplana, hizo caso omiso a las sentencias del Tribunal Constitucional, que reconocen las competencias autonómicas para la gestión de los fondos del Forcem.

Tres patas

Por ello el Ministerio de Trabajo quiere reformar el modelo de formación continua, que estará listo en 2006 y que incorporará a las comunidades autónomas en la Fundación. La nueva Forcem se va a sustentar en tres grandes patas. La primera es el mantenimiento del sistema de bonificaciones, que no sólo es "perfectamente constitucional", sino "útil para aquellas empresas que lo soliciten", según Gómez. Pero no se comerá el 85% del presupuesto, como en 2004, sino que los recursos "estarán en consonancia con el nivel de ejecución. Un tercio del conjunto de los ingresos puede ser suficiente, dado el uso por parte de las empresas", avanza Gómez.

El presupuesto para este año -se obtiene del 0,7% de las cotizaciones a la Seguridad Social que pagan las empresas- es de 1.226 millones de euros, 991 procedentes de cotizaciones y 235 procedentes del Fondo Social europeo, y el 53% está reservado para bonificaciones.

Los dos tercios restantes del presupuesto para formación continua se reservarán para contratos programa para la formación de trabajadores, que aseguren, a su vez, la financiación para las acciones de carácter sectorial y estatal.

Este punto es especialmente importante, porque establece que, si bien parte de los recursos se transferirán a las autonomías, el Estado no les cederá la gestión por completo. "Gestionarán alrededor del 50% y siempre con la participación de empresarios y sindicatos. La otra mitad seguirá en manos del Estado, a través de los agentes sociales". Éstas son las otras dos grandes patas: Estado y comunidades autónomas.

La nueva Forcem que se está perfilando, y cuya filosofía "está compartida tanto por agentes sociales como por las comunidades autónomas", según el secretario general de Empleo, topa con las aspiraciones de autonomías como Cataluña, que aspira -tanto el arco parlamentario como los agentes sociales- a gestionar la totalidad de los fondos que le corresponden, en función de la población ocupada, escudándose en las sentencias del Tribunal Constitucional.

Valeriano Gómez asegura que el Gobierno persigue un modelo definitivo que respete el contenido "real" de la sentencias del alto tribunal y, en este sentido, recuerda: "Las sentencias no hablan de traspasar todos los fondos. Dice que aquellas acciones de formación de carácter supraterritorial o con amparo en la negociación colectiva de carácter sectorial o estatal puedan seguir siendo gestionados por el Estado".