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17 de los 33 menores llegados a Motril en patera desaparecen de sus centros de acogida

Interior no ha devuelto a Marruecos a ningún niño inmigrante llegado a Granada desde 2001

Diecisiete de los 33 menores marroquíes interceptados el sábado en una patera en las costas de Motril han huido de los centros de acogida en los que fueron internados. La policía intentó sin éxito interrogarlos ayer para conocer los detalles de la mayor expedición infantil llegada a Granada desde la explosión del fenómeno de la inmigración. Su fuga se produjo, según Interior, aprovechando los horarios de salida de los centros. El Gobierno no ha conseguido repatriar un solo menor a Marruecos desde hace cuatro años. La causa, según fuentes policiales, es la falta de colaboración de sus autoridades.

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La policía sospecha que detrás de esta llegada masiva se esconde una red mafiosa de tráfico de menores. "Pensamos que se trata de algo organizado porque los chicos necesitan medios suficientes para pagar el viaje", afirmó ayer una fuente policial que recordó que el pasaje en patera cuesta alrededor de 2.500 euros. Los agentes acudieron a los tres centros de primera acogida que tiene la Junta en la provincia de Granada para interrogarlos dentro de la investigación abierta por un juzgado de Instrucción de Motril, pero cuando llegaron sólo se encontraron a 16. El resto había huido aprovechando sus permisos de salida, ya que los menores acogidos, al no haber cometido ningún delito, pueden salir libremente de los centros.

El siguiente paso previsto por la legislación de Extranjería es la práctica de pruebas oseométricas que determinen con exactitud la edad de los chavales. El personal de la consejería de Igualdad tratará también de conocer su filiación e intentará localizar a sus padres o un centro de servicios sociales de su país que quiera acogerlos para iniciar el proceso de reagrupación familiar. Todos esos datos se enviarán al consulado de Marruecos en Almería con el objeto de repatriarlos. Pero las posibilidades de éxito son prácticamente nulas, según la policía.

La Brigada de Extranjería de Granada está a la espera de que las autoridades marroquíes den permiso de entrada a más de 200 menores que llegaron en pateras a la provincia, pero desde 2001 no se ha culminado ninguna reagrupación. En muchos casos, Interior ha aportado los nombres de los progenitores, su dirección e incluso el número de teléfono del domicilio familiar, pero Marruecos se niega a aceptarlos. "La ley nos obliga a dotarlos de un permiso de residencia en un plazo de meses desde su llegada, pero el consulado ni siquiera les da un pasaporte porque no los reconoce como ciudadanos", explican fuentes del cuerpo.

100 a la semana

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La consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, alertó en Jaén de la posibilidad de una "situación límite" en los servicios sociales andaluces ante el ritmo actual de llegada de menores inmigrantes a las costas, una media de un centenar a la semana. Navarro aseguró además que la promedio de edad de esos menores ha descendido mucho, con casos de niños de cinco o seis años.

Sin querer generar alarma, la consejera se mostró consternada ante lo que calificó como "tráfico de seres humanos y de menores", en alusión a la llegada el pasado sábado de los 33 marroquíes. "Si el ritmo de llegada es de 100 a la semana", advirtió, "la situación puede hacerse insostenible". La consejera señaló que "los recursos también tienen un límite, no sólo los económicos sino también los físicos". Aunque resaltó que "las necesidades básicas de los menores están cubiertas", lamentó que la atención que se les está dando no es la que debieran por falta de recursos.

Navarro explicó que los convenios internacionales obligan a la acogida de menores y la Ley de Extranjería otorga a la Junta su tutela. También recordó que no se puede repatriar a un menor hasta que la familia no esté localizada por lo que reclamó la "comprensión" de la sociedad y demandó la colaboración de otras instituciones, en referencia al Gobierno central y a Marruecos para acelerar estos trámites de repatriación, porque, según dijo, en muchos casos las familias de los menores llegados a Andalucía "están perfectamente localizadas".

"Tenemos que hacer esfuerzos en todas direcciones", subrayó la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, tras advertir de que "al desamparo de los menores hay que unirle también el desarraigo".

La consejera señaló que hay unos 5.000 menores tutelados por la Junta, de los que más de 1.000 son inmigrantes no acompañados. Navarro afirmó que si hasta hace poco los recursos se concentraban en la zona de Cádiz y Algeciras, el verano pasado ya se superó el número de inmigrantes menores en las costas granadinas. "Ahora vienen tanto por un sitio como por otro y me temo que en estas circunstancias no va a ser fácil trabajar", concluyó Navarro.

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, entrega a la presidenta del Parlamento, Mar Moreno, el Informe 2004
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, entrega a la presidenta del Parlamento, Mar Moreno, el Informe 2004EFE

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