Sequía: una oportunidad para una política más inteligente y más sostenible
Desde el 1 de septiembre de 2004 al 25 de mayo de 2005, las precipitaciones en España han resultado del orden del 65% de los valores medios. Se trata del periodo más seco registrado desde 1947.
La sequía es un fenómeno recurrente en el área mediterránea y bien conocido en España. Se inicia con una disminución de las precipitaciones y afecta progresivamente a la disponibilidad de agua en los cauces fluviales y en los acuíferos. Sus efectos en el suministro de agua dependen del volumen almacenado tanto en los embalses como en los acuíferos, consecuencia a su vez de cómo se hayan gestionado tales recursos durante los años anteriores. Por lo tanto, la incidencia de la sequía depende mucho más del enfoque permanente de la política de agua que de actuaciones precipitadas en los años de sequía.
Se pierden cada año 5.000 hectómetros en las infraestructuras de almacenaje y conducción
Hoy podemos enfrentar la escasez con la reutilización de aguas depuradas y la desalación
¿Cómo se previene y minimiza una sequía? Desde luego, no se pueden diseñar las infraestructuras hidráulicas pensando tan sólo que, cuanto mayor sea su capacidad, mejor se garantizarán la totalidad de las demandas en caso de extrema y prolongada sequía; igual que no se pueden resolver los grandes atascos puntuales ampliando indefinidamente el ancho de las carreteras o su número. Ni siquiera el elevado coste económico y ambiental de semejante diseño podría, en ningún caso, asegurar la disponibilidad de suficientes recursos en ausencia de una auténtica política de gestión de los mismos.
Por cierto, la Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN) -de la que sólo se ha derogado el trasvase del Ebro- exige, en su artículo 27, que se realicen en cada cuenca los correspondientes planes de prevención y gestión de la sequía... antes de julio de 2003. El Ministerio de Medio Ambiente ha tenido que comenzar a elaborar dichos planes, que no existían, y dispondrá ya este verano de las herramientas fundamentales de los mismos.
Se trata, pues, de gestionar siempre y adecuadamente nuestra agua, no solo cuando hay sequía. Pero la gestión del agua -que requiere mucho más control público de su uso- no ha sido, hasta ahora, una prioridad política. Algunos ejemplos: en España se pierden cada año cerca de 5.000 hm cúbicos en las infraestructuras de almacenamiento y conducción del agua; aunque una parte de esa agua se filtra a los acuíferos -y permanece, por lo tanto, dentro del ciclo hidrológico-, el resto se pierde por la evapotranspiración.
El consumo de agua en la agricultura puede todavía reducirse significativamente -más del 80% de los regadíos utilizan mucha más agua de la necesaria-, desarrollando las actuaciones de modernización de regadíos previstas desde 1995 y que no han constituido una prioridad durante los gobiernos del PP. Baste un ejemplo: en plena Comunidad Autónoma de Murcia -la que alcanza el mayor porcentaje de regadíos eficientes de toda España-, estaban aún pendientes importantes obras de modernización en la zona de Lorca, capaces de reducir en 10 hm cúbicos al año el consumo de agua. Esas obras se han declarado ahora de emergencia por el Ministerio de Medio Ambiente, desde la consideración de la permanente escasez de agua en la cuenca del Segura -agravada, este año, por la reducción de los recursos de los embalses de cabecera del Tajo que alimentan el trasvase Tajo-Segura-.
También en los usos domésticos e industriales cabe hacer un consumo mucho más responsable y eficiente del agua. En nuestros hogares siguen prevaleciendo hábitos abandonados desde hace mucho tiempo en países europeos -donde, por cierto, no hay sequías-, en lo relativo, por ejemplo, a la limpieza personal y al uso de los electrodomésticos. La anterior sequía demostró que las campañas de concienciación ciudadana consiguieron disminuir en más de un 20% el consumo de agua en la Comunidad de Madrid. Por desgracia, acabada la sequía, regresaron gradualmente los hábitos anteriores.
La antigüedad de la mayoría de las conducciones de agua en nuestras ciudades y la ausencia, en muchas, de sistemas de control de fugas, comporta pérdidas que alcanzan incluso el 40%: es el caso de Ceuta, donde el Ministerio de Medio Ambiente ha dado prioridad a la reparación de la red de abastecimiento... antes de plantear cualquier ampliación de la desaladora existente, a pesar de que ésta era la medida que se reclamaba con insistencia, sin el menor criterio de racionalidad.
Por otra parte, la disponibilidad efectiva de agua depende también de su calidad. La sequía pone de manifiesto la dificultad creciente de recurrir a los acuíferos no utilizados habitualmente -los denominados pozos de sequía-, a causa del incremento de la contaminación, sobre todo de origen agrario e industrial. Y es que, a pesar del avance registrado en la depuración de las aguas residuales urbanas, España está incumpliendo la correspondiente Directiva europea, así como otras Directivas relativas a la calidad del agua (por ejemplo, en materia de nitratos). No es extraño: en política del agua la prioridad ha sido, hasta ahora, la construcción de infraestructuras hidráulicas. Queda mucho por hacer en el control de la calidad del agua y en la reducción de la contaminación en el medio hídrico. Como queda mucho por hacer en cuanto al control y conocimiento riguroso de nuestras aguas subterráneas y al adecuado uso de las mismas; y, desde luego, apenas se ha avanzado en la consideración de los bosques como formidables activos ambientales, entre otras cosas para la prevención tanto de las sequías como de las inundaciones: más bosques significa más lluvias, mayor calidad del aire y del suelo.
Por último, hoy podemos enfrentarnos a la sequía -y, en general, a la demanda de agua- con recursos adicionales a los almacenados en embalses y acuíferos. La reutilización de las aguas depuradas y la desalación son tecnologías que han avanzado rápidamente, reduciendo sus requerimientos energéticos y sus impactos ambientales, y en las que las empresas españolas son muy competitivas: por ejemplo en Londres y en varias ciudades de Estados Unidos, son empresas españolas las que construyen plantas de desalación. Y el agua del mar será un recurso cada vez más utilizado para obtener agua potable, a la vista de la reducción de caudales de las aguas continentales, provocada por el cambio climático. El agua desalada tiene una garantía de suministro estable y de calidad -sin ningún conflicto social- que no tienen ya otras alternativas. En particular, mucha más garantía que el derogado trasvase del Ebro que, en la hipótesis -imposible- de haber sido ya construido, no podría prácticamente aportar agua este año, a la vista de la grave situación de la cuenca del Ebro, según las propias determinaciones de la Ley del PHN.
Sería, pues, deseable que el PP se sumase al acuerdo sobre política del agua, que ya existe entre el Gobierno y todas las demás fuerzas políticas, como se ha demostrado en el trámite parlamentario sobre la modificación de la Ley del PHN, y el desarrollo del Programa AGUA. Es el mismo acuerdo que, como miembro de la dirección del PSOE, ofrecí en septiembre de 2000 al entonces Ministro de Medio Ambiente, acuerdo que trata simplemente de orientar nuestra política de agua conforme a las normas europeas y a nuestras características naturales. Es imprescindible el máximo consenso, por ejemplo, para ir incorporando gradualmente a los precios del agua sus verdaderos costes -tal como exige Bruselas para el 2010-, algo necesario para garantizar, en serio, el uso racional del agua.
Cristina Narbona es ministra de Medio Ambiente.
