Diálogo social y modelo de crecimiento

La Declaración para el Diálogo Social de 8 de julio del pasado año, realizada por el Gobierno y los agentes sociales, ha generado sensaciones de confianza y expectativas sobre la dirección de la política económica en nuestro país para los próximos años, una vez verificados los más que evidentes signos de agotamiento de las pautas de crecimiento vigentes desde 1997.

La transición hacia un modelo alternativo orientado por los objetivos de la mejora de la competitividad, el aumento de la estabilidad en el empleo y la cohesión social, requiere un esfuerzo colectivo que justifica y legitima plenamente este cambio en la forma de gobernar que constituye el diálogo social. El diálogo social debe aportar valor añadido y un determinado sesgo también al contexto de la dirección socioeconómica, y ha de tener su plasmación en la política económica, de la que el movimiento sindical no puede quedar al margen.

Es verdad que, prácticamente desde la firma de la Declaración, se han sucedido informes, documentos y recomendaciones (algunas de ellas verdaderamente pintorescas, por reaccionarias, como un artículo que aparece en la FAES, en la que se exalta como una virtud de los débiles "su capacidad de trabajar por sueldos más bajos"), coincidentes todos ellos en dos aspectos que constituyen objetivos constantes de la patronal y de las políticas conservadoras y neoliberales, y sobre los que se viene insistiendo desde hace décadas: el abaratamiento del despido y la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones.

Y todo ello con el telón de fondo de la exigencia de reforma de la negociación colectiva en la dirección de la eliminación de sus rigideces (por ejemplo, supresión de las cláusulas de garantía salarial) y de su "descentralización" para facilitar la adecuación de la empresa a las variables específicas de su entorno.

Las políticas implícitas en la Declaración del 8 de julio deben ser emprendidas por el Gobierno, que no puede limitarse a llevar a las mesas del diálogo social propuestas parciales y/o sectoriales, sino que debe impulsar a fondo la indispensable transición hacia el modelo alternativo de crecimiento económico.

Hay que "hablar de todo", sin exclusiones ni opacidades. La controversia generada y las posiciones contrarias a la incorporación de una cláusula para evitar la pérdida de poder adquisitivo en el SMI por el aumento de los precios, no ha sido una buena señal. Primero, por el limitado efecto de la misma en cuenta de resultados de las empresas; y segundo, y fundamental, porque la revisión del Pacto de Estabilidad, junto a las expectativas abiertas en la negociación de los fondos estructurales europeos, permite pensar escenarios más favorables para estos acuerdos.

La reforma del Mercado de Trabajo, en este escenario, es una cuestión prioritaria, en la que tan necesario es articular medidas de cambio en materia de contratación y de empleo, que hagan de la estabilidad en el empleo un objetivo irrenunciable, como de un modelo productivo que contemple la estructura del tejido productivo, las políticas públicas y privadas de las inversiones, los mercados de capitales o el marco fiscal. Sólo la conjunción de ambas perspectivas hará posible incrementar los niveles de ocupación y de empleo y reducir de manera drástica los actuales e insoportables niveles de precariedad y temporalidad.

Es imprescindible, por tanto, concebir el diálogo social, que no es ajeno ni al conflicto de intereses ni al propio conflicto social, como una forma, un método de gobernanza, el más adecuado para la época de la globalización y la intensa competencia en los mercados.

Algunos indicadores apuntan incertidumbres sobre nuestra economía, por causa fundamentalmente del impacto de los altos precios del petróleo, no estando al margen el modelo de crecimiento económico en el que se ha venido apoyando la política económica. Que estas incertidumbres se despejen, dependerá, en buena medida, de que la economía española se haya orientado en la dirección de una mayor competitividad, basada en la mejora de las infraestructuras de todo tipo, también las ambientales, el aumento de las inversiones públicas y privadas en investigación e inversiones, en educación y formación; pero también y, sobre todo, en la configuración de su tejido productivo y de una estructura empresarial en la que el diálogo social sea la cultura que inspira el quehacer cotidiano.

Es ése, precisamente, el modelo social europeo al que el movimiento sindical ha dado su confianza el pasado 20 de febrero. Con este modelo es posible continuar el proceso de convergencia real en derechos, bienestar y calidad de vida.

El diálogo social en curso es la mejor aplicación de dicho modelo, a condición de que las partes mantengan su sentido de la responsabilidad: el Gobierno, llevando a la negociación todos los temas relacionados con la competitividad, el empleo y la cohesión social; las organizaciones empresariales asumiendo que la búsqueda de excedentes debe basarse en criterios distintos a los de la etapa anterior; y el movimiento sindical evitando que la negociación de aspectos parciales desvirtúe el resultado final.

Se ha cumplido un año de legislatura y entramos en su periodo más importante, el que con toda probabilidad va a marcar el rumbo de la misma. El Gobierno debe recordar la enorme movilización cívica que desde la huelga del 20-J de 2002 le aupó al Gobierno dos años más tarde. El mandato de las urnas era un mandato democrático. Se está cumpliendo razonablemente en lo que concierne a los derechos civiles. Es el momento de abordar con serenidad y firmeza lo que afecta a los derechos sociales y laborales, a todo aquello que tiene que ver con el desarrollo de la ciudadanía social, que incorpora, junto a los derechos civiles, derechos sociales y laborales.

Rodolfo Benito Valenciano es presidente de la Fundación Sindical de Estudios y miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de CC OO.