Delegaciones del Gobierno central y del PSC acercan posturas sobre la reforma del Estatuto

Delegaciones del Gobierno central y del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), mayoritario en el Ejecutivo tripartito de la Generalitat, han empezado a acercar posiciones y a desbrozar las diferencias que mantienen sobre la reforma del Estatuto. Ambas delegaciones han empezado a estudiar, a escala técnica, asuntos a los que se opone el Gobierno central, como que el nuevo texto obligue a modificar leyes orgánicas del Estado o el uso, desde el Estatuto, del mecanismo del artículo 150.2 de la Constitución, que delega competencias exclusivas del Estado a las comunidades o la referencia a la financiación.

Ambas delegaciones técnicas estudian también una reclamación muy importante de la Generalitat de Cataluña: garantías del Gobierno central a las comunidades autónomas para que sus competencias no sean invadidas por leyes de bases del Ejecutivo central, como reiteradamente han reivindicado algunas comunidades.

La primera reunión de las delegaciones técnicas del Gobierno central y del PSC se celebró el lunes, 23 de mayo, en el Ministerio de Administraciones Públicas. Por parte del Gobierno central asistieron, entre otros, el secretario de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño, y el miembro del Gabinete de la Presidencia José Miguel Vidal. Por la representación de los socialistas catalanes acudieron Lidia Santos, diputada autonómica y miembro de la ponencia parlamentaria, y Laia Bonet, asesora jurídica del Grupo Parlamentario del PSC.

Fuentes próximas a ambas delegaciones aseguran que la reunión fue "muy positiva". La delegación catalana insistió en que "no se cerraron acuerdos políticos porque la reunión tuvo un carácter estrictamente técnico".

En cuanto al uso del artículo 150.2 de la Constitución que recogerá la reforma del Estatuto de Cataluña, esto es, la cesión de competencias exclusivas del Estado a las comunidades autónomas, tendrá un carácter limitado, según admitió ayer mismo el consejero de Relaciones Institucionales de la Generalitat de Cataluña, Joan Saura, en una conferencia pronunciada en Madrid.

Saura precisó y limitó el uso del artículo 150.2 a la inmigración, la gestión de infraestructuras -puertos y aeropuertos-, consultas populares sobre competencias de la Generalitat y el área audiovisual y de telecomunicaciones.

En cuanto a la modificación de leyes orgánicas del Estado desde el Estatuto reformado, Saura las limitó a cuatro: poder judicial, régimen electoral, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y financiación de las comunidades autónomas (LOFCA).

El Gobierno central ya ha adelantado que reformará la LOFCA, una vez que llegue a un acuerdo con todas las comunidades sobre la reforma de la financiación autonómica, y la Ley del Poder Judicial para conceder el poder de última instancia en materia judicial a los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas, salvo para unificación de doctrina, que seguirá depositado en el Tribunal Supremo.

En cuanto a la posibilidad de que la reforma del Estatuto catalán recoja el nuevo modelo de financiación autonómica, el Gobierno central pretende que lo limite a los principios generales y no entre en detalles sobre un modelo que será pactado con todas las comunidades autónomas.

Saura defendió ayer que la reforma del Estatuto de Cataluña recoja el reconocimiento de la agencia tributaria concertada con la estatal; la cesión de un máximo del 50% de los impuestos recaudados; la admisión de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera apruebe el modelo, así como su implantación gradual.

Otra cuestión a la que dedicaron mucho tiempo las delegaciones técnicas del Gobierno central y de la Generalitat de Cataluña, reunidas el lunes en Madrid, fue la búsqueda de mecanismos jurídicos para evitar que las competencias de las comunidades autónomas sean minadas por las leyes de bases del Estado.

Ayer, el consejero de Relaciones Institucionales de la Generalitat señalaba: "No hay autogobierno si no hay capacidad para poder decidir y desarrollar las políticas en los ámbitos que son propios de las autonomías. Con este objetivo, la ponencia parlamentaria ha utilizado diversos mecanismos para blindar las competencias de la Generalitat, estableciendo con claridad en qué casos son exclusivas, compartidas, ejecutivas... y detallando con precisión las materias y submaterias".

Próximamente, ambas delegaciones técnicas volverán a reunirse para avanzar en el proceso de acercamiento entre las propuestas del Gobierno central y la Generalitat catalana. Su objetivo "es buscar fórmulas jurídicas para resolver los principales contenciosos sobre el Estatuto de Cataluña", que posteriormente, tendrán el visto bueno de las autoridades políticas del Ejecutivo central y el catalán.